Anticorrupción pide 15 años para Luceño y 9 para Medina por el caso mascarillas

En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público acusa a Alberto Luceño de un delito continuado de estafa agravada, otro continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro más contra la Hacienda Pública agravado. Por su parte, el hijo del duque de Feria y Naty Abascal se enfrenta a la acusación de estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

Anticorrupción detalla en su escrito que en la segunda quincena del mes de marzo de 2020, «en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por la covid-19 y de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, Luceño, aprovechando que conocía a un empresario en Malasia que podía suministrar esos productos, acudió a Medina, para que éste, dado que era una persona conocida en la vida social española, buscara y le facilitara el contacto con posibles instituciones públicas interesadas en la adquisición de ese material».

A través de una amiga común –sostiene la Fiscalía- Luis Medina «consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid», quien le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta. Medina envió el 18 de marzo de 2023 un mensaje de correo electrónico a esta dirección, ofreciendo diverso material sanitario (trajes de protección, mascarillas, test de anticuerpos y desinfectantes). En este mensaje, Medina afirmaba que estaba vendiendo ese material a varios gobiernos europeos y que trabajaba directamente con las fábricas, «lo cual resultó no ser cierto».

Y es ahí donde Anticorrupción lanza las más dura de sus acusaciones contra los dos comisionistas: «Ya desde este momento, la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores».

El Ministerio Público acusa a los dos supuestos empresarios de haberse aprovechado de esa carestía para la «imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación».

Medina y Luceño, como intermediarios de la empresa Leno de Malasia, cerraron tres contratos en marzo de 2020 con la gestora de los servicios funerarios de Madrid. El primero era para la compra de un millón de mascarillas por un precio de 6.689.300 dólares; el segundo, para la entrega de 2,5 millones guantes de nitrilo por cinco millones de dólares; y el tercero, para la compra de 250.000 test rápidos de la covid-19, a un coste para el Ayuntamiento de 4.250.000 dólares.

Sobrecostes sin parangón

Anticorrupción destaca que esos importes enmascararon unos márgenes de beneficios galácticos. Por ejemplo, asegura que los 6,24 euros por unidad que el consistorio madrileño pagó por cada una del millón de mascarillas adquiridas a los comisionistas «fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto». Y lo mismo sucedió, afirma la Fiscalía, con los test covid (16,03 euros por unidad), «con gran diferencia, el más alto que pagó un ayuntamiento español de cualquier gran ciudad».

Además de las penas de cárcel, Anticorrupción pide elevadas sanciones contra los dos socios. En el caso de Luceño, reclama una multa que asciende a los 5 millones. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.