Primera condena por la trama de iDental, la macrocausa que investiga la gestión fraudulenta de las clínicas dentales de bajo coste en 14 comunidades autónomas entre 2015 y 2018 y que afectó a miles de pacientes, más de 21.000 de ellos en la Región de Murcia. La Audiencia Nacional castigó este viernes con penas de entre dos años y medio y cinco de prisión, y multas conjuntas de 116 millones de euros por un delito contra la Seguridad Social, a los cinco propietarios de la sociedad y al administrador como colaborador necesario.
La sentencia de la Sección Tercera de lo Penal castiga con tres años de cárcel y multa de más de 25 millones a los dueños de iDental entre febrero de 2005 y octubre de 2017: Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer, mientras que impone cinco años y multa superior a los 55 millones a los posteriores propietarios de la compañía: Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido. A un sexto acusado, el administrador José Luis González, se le condena colaborador necesario de los anteriores a dos años y medio y 36 millones de multa.
La resolución del tribunal presidido por Alfonso Guevara ha acordado aplicar a los seis condenados la atenuante simple de dilaciones indebidas (la causa estalló en octubre de 2018) mientras que absuelve al séptimo acusado en el juicio, Domingo Bejarano, del delito continuado contra la Seguridad Social.
Las víctimas murcianas se movilizaron en numerosas ocasiones y la Comunidad exigió al Ejecutivo central que interviniera para concluir los tratamientos
En cuanto a la responsabilidad civil, el fallo condena a los acusados a indemnizar de forma solidaria a la Seguridad Social con la cantidad dejada de pagar durante su gestión: 8,5 millones de euros en el caso de Pellicer y Castañer, y 18,3 millones en el de los otros cuatro condenados, cantidades de las que deben responder de forma subsidiaria las 55 sociedades del grupo. Esta primera pieza juzgada ha versado sobre el fraude a Hacienda cometido por la cúpula empresarial.
Según consta e la sentencia, de 265 páginas, la conducta de los acusados «no consistió en el mero hecho de no pagar, sino que este fin lo consiguieron con una serie de maniobras defraudatorias diseñadas al efecto que dificultaron tanto la labor inspectora como la recaudatoria de la Seguridad Social, de modo que, mientras fueron dueños de iDental, Hacienda no pudo cobrar todas las cuotas adeudadas por las entidades del grupo».
«Plan defraudatorio»
Pese a ello, los propietarios a partir de 2017 «siguieron adelante con el plan defraudatorio preconcebido», abriendo clínicas (hasta 26 en 14 comunidades), incrementando esa deuda en menos de un año de ocho a 18 millones.
Hasta septiembre de 2017 la matriz había pagado al fisco entre 26 y 27 millones de euros y tenían unos 3.500 y 4.000 trabajadores. Los costes de Seguridad Social oscilaban mensualmente entre un millón y medio y un millón ochocientos mil euros. De los aplazamientos de los pagos que gestionaron con la Seguridad Social en 2016 y se aprobaron, se atendieron todos menos uno y en 2017, diez. Pero las dificultades económicas del grupo ya eran evidentes. Pese a ello hubo reparto de beneficios: hasta 3,5 millones en tres cuentas personales.
El Grupo Straumann fue quien dio el último aliento a la compañía. La multinacional del sector odontológico inyectó 14,2 millones, y con eso pagaron nóminas, la Seguridad Social y abonos urgentes para seguir con la marcha de la empresa que estaba en una «situación crítica». Pero el colapso de iDental se precipitó debido a una crisis en el sector dental y a que la mayoría de la financieras, que eran el grueso de la facturación, dejaron caer a la compañía por los impagos.
Las dimensiones del fraude desencadenó una sucesión de movilizaciones en buena parte de España, incluida la Región de Murcia, donde se efectuaron concentraciones, manifestaciones y cortes de tráfico. Infecciones bucodentales, contagios de hepatitis C, tratamientos pagados a medio hacer, implantes mal realizados… fueron algunos de los problemas denunciados por las víctimas murcianas del fraude.
Representantes de afectados llegaron a a exigir la implicación de las autoridades mediante una «declaración de emergencia sanitaria». Las asociaciones de consumidores se vieron desbordadas por un aluvión de denuncias contra iDental.
La propia Comunidad recurrió al Ejecutivo central para que pidiera a las entidades financieras que suspendieran las cuotas de los créditos concedidos, no incluyendo a los afectados en los ficheros de morosos como estaba sucediendo. Otras de las acciones que propuso fue que el Estado habilitara un fondo de ayudas dirigido a los afectados, con objeto de que pudieran terminar sus tratamientos con total garantía.
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Enlace de origen : Condenan a la cúpula de iDental a hasta cinco años de prisión y 116 millones de multa
