El adelanto electoral condiciona la investidura de López Miras

Pocas horas después, el lunes por la mañana, de la euforia se pasaba a la reflexión y después a las dudas tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales al 23 de julio. La complicación es que este nuevo proceso electoral puede condicionar de manera importante el calendario para elegir al nuevo presidente regional, y también las negociaciones que pudieran producirse entre los partidos –en este caso, PP y Vox– para conseguirlo.

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, la Asamblea Regional deberá resolver la investidura antes del 7 de julio si no quiere que este importante trámite se retrase hasta finales de julio o incluso hasta septiembre. La razón de este serio contratiempo está en que el 7 de julio comienza la campaña electoral de los comicios generales, y a partir de esa fecha toda actividad parlamentaria se suspende hasta el día de la votación.

Si se diera esta situación, la Asamblea Regional dispondría de una semana para aprobar la investidura, del 24 al 31 de julio. De no conseguirlo en estos días, debería ya esperar a septiembre, puesto que el mes de agosto es inhábil para el Parlamento autónomo, según recoge el Estatuto de Autonomía.

«La situación puede ser endiabladamente compleja», precisaron ayer fuentes próximas a la Asamblea Regional, ya que sobre esta demora involuntaria de la investidura presidencial a causa del adelanto de las elecciones generales pesa un plazo de tiempo ineludible que recoge el artículo 31 del Estatuto de Autonomía: «Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza, el presidente de la Asamblea la disolverá, convocando nuevas elecciones de acuerdo con la normativa electoral aplicable».

Así pues, el calendario previsto en la normativa regional para elegir el presidente de la undécima legislatura está fuertemente presionado por el calendario del nuevo proceso electoral, ya que ambos se superponen, circunstancia que podría motivar que el PP se viera obligado a acelerar la investidura para evitar retrasos indeseados.

Este problema no es exclusivo de la Región de Murcia. Es común a todas las autonomías que celebraron elecciones el pasado domingo, aunque la Región parte con ventaja sobre todas ellas, ya que es la primera que celebrará la sesión constitutiva de su Parlamento, lo que significa que tendrá más días para lograr la investidura presidencial antes del 7 de julio, en que el inicio de la campaña electoral del 23-J les obligue a suspender la actividad parlamentaria.

14 de junio, empieza la legislatura

El comienzo oficial de la nueva legislatura se producirá el 14 de junio. El decreto de convocatoria de las elecciones fija para ese día la celebración de la sesión en que se constituirá la nueva Asamblea Regional salida de las urnas.

El pleno comenzará con la elección de la mesa de edad, que presidirá el diputado con más años, Alberto Garre, de Vox, acompañado por los dos diputados más jóvenes, Antonio Landáburu (PP) e Ignacio Arcas (Vox), ambos de 26 años. Esta mesa provisional será la encargada de dirigir la toma de posesión de los diputados de sus escaños y la elección de la mesa de la Asamblea definitiva, formada por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.

De acuerdo con la composición de la Cámara (21 diputados del PP, 13 del PSOE, 9 de Vox y 2 de Podemos) y el sistema de elección de los miembros de la Mesa, la lógica indica que el PP obtendrá la presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, y el PSOE, la vicepresidencia y la secretaría restantes. Eso supone que los populares se garantizarían el control del órgano que rige la actividad del Parlamento.

Constituida la nueva Asamblea, su presidente deberá iniciar consultas con los grupos parlamentarios para proponer un candidato para ser investido presidente. A partir del inicio de dichas consultas, el presidente de la Cámara dispone de diez días de plazo como máximo para proponer un candidato y fijar las fechas del debate de investidura.

La normativa no fija un plazo concreto para celebrar el debate de investidura, pero en las tres legislaturas anteriores rondó los 35 días desde la jornada electoral. Si se mantiene dicho lapso, la nueva investidura podría celebrarse en la primera semana de julio, lo que para algunas fuentes consultadas podría ser demasiado tarde si López Miras no llega a este pleno con su elección asegurada.

Lo ocurrido hace cuatro años es una lección que en el PP deben tener muy presente. El debate de investidura se celebró el 2 de julio, pero como Miras no logró mayoría absoluta en esta primera votación, se convocó una nueva dos días después, en la que ni siquiera logró la mayoría simple que fija la ley para ser investido. Como consecuencia de ello, el presidente de la Asamblea tuvo que iniciar una nueva ronda de consultas y convocar para el 26 de julio un nuevo debate de investidura, en el que finalmente el candidato popular, López Miras, salió elegido presidente al conseguir sumar en su favor los votos de los diputados de Cs y Vox.

En esta ocasión, el PP no parece dispuesto a dilatar tanto tiempo la elección de su líder y su deseo sería que para finales de junio esté resuelta la investidura, para lo que necesitarían al menos la abstención de Vox.

Las negociaciones, bajo control estricto de Madrid

La dirección regional de Vox ha dicho por activa y por pasiva que cualquier ayuda que le requiera el PP, aunque sea de carácter pasivo, como es la abstención, no le saldrá gratis. Lo que supondrá inevitablemente el inicio de unas negociaciones que estarán bajo un estricto control por parte de las direcciones nacionales. Esta es otra de las consecuencias del adelanto electoral de Pedro Sánchez: las sedes nacionales seguirán con lupa cualquier paso que den sus organizaciones territoriales con el fin de evitar tropezones que pudieran costarle votos a los líderes estatales en la carrera a las urnas que comenzó ayer.

El PP regional ha puesto como premisa básica e irrenunciable gobernar en solitario, peor a partir de ahí son diversos los asuntos sobre los que podría entablar diálogo con Vox y de los que ambos podrían salir beneficiados. Los resultados del domingo, por ejemplo, permitirían al PP lograr la alcaldía y gobernar con acuerdos puntuales con Vox en once municipios de la Región, algunos tan importantes como Cartagena, Lorca, Molina, Cieza, Jumilla y Torre Pacheco.

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Lo que está por ver es la estrategia que se escoja para esta negociación, ya que Vox podría plantear abordarla desde una escala nacional e incluir a otras autonomías cuyos parlamentos se encuentran en una situación similar a la Asamblea Regional, caso de Cantabria, Aragón, Extremadura o Baleares. O bien podría apostar por dejar autonomía a sus direcciones regionales e incluso locales para tratar de llegar a acuerdos por separado.

A partir de ahora, el objetivo de todos los partidos es lograr el mayor número de diputados en el Congreso. Los resultados del domingo, de haber sido elecciones generales, habrían supuesto el reparto de cinco escaños para el PP, tres para el PSOE y dos para Vox. Una cosecha muy distinta a la que se produjo en las últimas elecciones a la Cámara Baja, en la que Vox fue el partido más votado en la Región y obtuvo tres diputados, otros tres fueron para el PP, el mismo número para el PSOE y uno para Podemos.