La abogacía alerta del cierre de despachos tras seis meses de huelgas en los juzgados

El decano de este organismo, Francisco Martínez-Escribano, advirtió de que la «práctica paralización» de los tribunales ya ha comenzado a dejarse sentir en el cierre de algunos despachos de la Región o en la ruptura de contratos en otros bufetes, que optan por prescindir de colaboradores. «Hay profesionales que llevan seis meses sin facturar nada», recalcó. «Los abogados viven un momento límite profesionalmente». Desde el propio organismo, anunció, barajan ya la suspensión de cuotas en los próximos meses para ayudar a los profesionales de este sector a poder capear lo mejor posible la situación económica que afrontan.

«Desprestigio» del sistema

El ‘impasse’ que atraviesa la justicia murciana -con un atasco de más de 150.000 asuntos que alcanza ya dimensiones nunca vistas- llevó este miércoles al Colegio de la Abogacía de Murcia a emitir un comunicado cargado de preocupación y reivindicaciones. Martínez-Escribano, que compareció frente a los medios de comunicación respaldado por su junta de gobierno, tildó de «calamitosa» la situación de la administración y aseguró que el derecho a la tutela judicial efectiva se está viendo vulnerado por las sucesivas movilizaciones que han paralizado la actividad de la administración. «La democracia se fundamenta en la justicia y si no hay justicia, y ahora mismo no la está habiendo, los cimientos se pueden tambalear», remarcó.

La intervención del decano de la abogacía murciana no se ciñó únicamente al impacto económico que la situación de los juzgados está causando en los despachos. Hizo hincapié, sobre todo, en «la angustia que supone no poder defender a los ciudadanos en sus reivindicaciones y asistir al enorme desprestigio que la justicia en su conjunto está sufriendo». Martínez-Escribano incidió en que «la administración de justicia tiene tanta o más importancia en un Estado social y de derecho, como la economía o la sanidad», pero lamentó la «absoluta inacción» de los poderes públicos. «La justicia parece que no le interesa a nadie», criticó.

Los letrados recordaron que el paro que los LAJ libraron durante más de dos meses obligó a aplazar más de 13.000 asuntos y que, en el último mes, la huelga de funcionarios ya ha sumado entre 4.200 y 4.500 asuntos más. Un atasco de dimensiones descomunales que, advirtió Martínez-Escribano, impedirá que la justicia recupere la normalidad en años. El ‘impasse’ en que se ha sumido la Justicia en el último medio año es la gota que colma el vaso para una administración que lleva años atenazada por la falta de medios, la elevada litigiosidad y los dilatados tiempos de respuesta. Las vistas aplazadas, además, recalcó, no se están reseñalando aún pero, cuando lo hagan, los plazos que se manejarán serán excesivamente dilatados.

El representante de la abogacía murciana no eludió, durante su intervención, las alusiones a los diferentes actores de este conflicto. Tildó al Ministerio de Justicia de «inoperante porque no aporta soluciones de ninguna índole y permite una situación de parálisis que no remedia ni con servicios mínimos, ni propiciando diálogo o acuerdos». Martínez-Escribano hizo hincapié en que «el Ministerio debería haberse dado cuenta» de que su acuerdo con los letrados de la administración de justicia (LAJ) abría la puerta a una cascada de peticiones en cadena. «Parece evidente con la situación actual que cualquiera hubiese previsto la huelga de los funcionarios tras la de los letrados de la administración de Justicia. Cualquiera menos el Ministerio», incidió con sorna. «Si abro una puerta tengo que pensar quién va a pasar por ella». El decano de la abogacía murciana ya ha avanzado, además, la pretensión de la abogacía de aprovechar el momento para exigir nuevamente una actualización de los pagos del turno que lleva años reivindicando.

El decano del Colegio de la Abogacía, que representa a alrededor de 4.000 profesionales, aseguró no querer «iniciar una guerra» con los colectivos convocantes de los paros -tanto los LAJ como los funcionarios-, de quienes destacó su papel crucial en la administración, pero lamentó la «carencia de sensibilidad social» de los mismos. «La actuación de los colectivos que paralizan la administración de justicia no responde a un criterio de sensibilidad hacia el ciudadano ni a los profesionales, por mucho que se manifieste lo contrario», incidió.

Encierro de funcionarios en Murcia y Cartagena para forzar una negociación

Los funcionarios de la administración de justicia no tienen pensado dar su brazo a torcer y este miércoles dieron un nuevo golpe de efecto. Dos grupos de huelguistas se encerraron en las sedes judiciales de Murcia y Cartagena como medida de presión para que el Ministerio de Justicia se siente a negociar. La medida, anunciada por los sindicatos convocantes de estas movilizaciones -Comisiones Obreras, UGT, Staj y Csif- se repite en otras ciudades del país.

Estas organizaciones convocaron este miércoles asambleas a lo largo de la geografía nacional para explicar las nuevas movilizaciones con las que pretenden arrancar un acuerdo a Justicia. El próximo martes 27 el colectivo tiene prevista una gran manifestación en Madrid a la que acudirá personal de toda España. Si el conflicto no se reconduce, los funcionarios volverán a echarse a las calles de la capital el 13 de julio. Además, en las capitales de provincia habrá manifestaciones el próximo jueves 29.

Los sindicatos tienen previsto, además, reforzar los contactos con los partidos políticos para que se pronuncien sobre este conflicto. El colectivo recuerda que solo han mantenido tres reuniones con el Ministerio tras 65 días de movilizaciones.