LLa escasez de buenas noticias ha sido una constante en las memorias que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha puesto encima de la mesa en los últimos años, pero era difícil imaginar una realidad tan adversa como la actual, con las sucesivas huelgas que mantienen prácticamente paralizados los juzgados desde hace medio año. El presidente de este organismo, Miguel Pasqual del Riquelme, no empleó este jueves paños calientes y reconoció que la situación de la justicia murciana es, a día de hoy, «crítica». Advirtió de que «miles de ciudadanos se están viendo afectados ante la falta de respuesta en sus legítimas expectativas».
El representante de la magistratura murciana puso en manos de los representantes del ejecutivo y legislativo autonómico un documento que, una vez más, deja constancia de la realidad de una Justicia atenazada desde hace años por la elevada litigiosidad, la baja ratio de jueces y los dilatados tiempos de respuesta. Una foto fija a la que este año se suman las 18.500 actuaciones que ya se han visto suspendidas por las sucesivas huelgas -primero la de los letrados de la administración de justicia (LAJ) y a día de hoy la de los funcionarios- y que amenazan con seguir aumentando ante la falta de soluciones al conflicto.
Plan de choque
Pasqual del Riquelme recordó que la Sala de Gobierno del TSJ aprobó un acuerdo que recogía un paquete de medidas y recomendaciones para que, una vez se restaure la normalidad, las medidas para paliar los retrasos puedan llegar a ser lo más efectivas posibles. Una hoja de ruta que, asumió, «no es posible poner en marcha actualmente, pero que pasa necesariamente por aumentar la dotación de personal dedicado a recuperar los atrasos producidos por la huelga, o, bien, donde esto no sea suficiente, solicitando al Ministerio o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las medidas necesarias».
El presidente del TSJ advirtió de que la paralización que trajeron los meses más duros de la pandemia y el «bloqueo» del Poder Judicial, unido a la histórica falta de medios en la Comunidad, han colocado a la justicia murciana en «una situación que lastra decisivamente la eficacia en la prestación del servicio público y su capacidad de atender y resolver en tiempos útiles los litigios de los ciudadanos».
Con estos mimbres, el presidente de TSJ lamentó que los juzgados de la Región arrastren a día de hoy más de 150.000 asuntos pendientes y la tasa de pendencia más elevada del país. Unos malos resultados que Pasqual del Riquelme achacó a la «altísima tasa de litigiosidad que soporta la Región, con 144 asuntos por cada 100.000 habitantes»; y a la segunda peor ratio en dotación de jueces por habitante -solo por detrás de Castilla-La Mancha-, entre otros lastres. Una lacra que el TSJ no consigue atajar pese al «extraordinario esfuerzo que realizan los más de 1.600 jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses, funcionarios de Justicia y personal laboral». Esta plantilla logró el pasado año resolver 206.169 casos. «En nuestra Región cada órgano judicial resuelve una media de 1.636 asuntos por año y, por tanto, 88 casos más de media que un juzgado o tribunal en el resto del país», destacó.
En el discurso del presidente del TSJ no todo fueron lamentos. El líder de la magistratura murciana también aplaudió el «el extraordinario programa de inversiones comprometido por el Ministerio de Justicia para la mejora de las infraestructuras judiciales de la Región». Una inversión anunciada de más de 110 millones de euros en los próximos años que, incidió, «convierte a la Región en el territorio del Estado que más inversión en infraestructuras recibe del Ministerio».
Según explicó, ya se están ejecutando las obras de la sede judicial de Lorca, que está previsto que concluyan a finales del próximo año; y se está redactando el proyecto de construcción de la sede de Molina de Segura. En idéntico trámite se encuentra el proyecto de rehabilitación del Palacio de Justicia de Murcia, sede del TSJ y de la Audiencia Provincial; y finalmente se está tramitando la cesión de terrenos para la Ciudad de Justicia de Cartagena.
Pasqual del Riquelme sostuvo, sin embargo, que «los edificios son meros contenedores vacíos si no se llenan de los recursos humanos, materiales y operacionales que permitan desarrollar en ellos la función para la que han sido construidos». En este punto recordó el déficit de órganos judiciales que padece la Región de Murcia, con una ratio de 11,1 jueces por 100.000 habitantes, de las más bajas del país, y muy por debajo de la media nacional de 12,6. «Es una situación que sigue lastrando decisivamente la eficacia en la prestación del servicio público, con el riesgo de convertir a los murcianos en ciudadanos de segunda».
Los funcionarios tildan de «malintencionadas e ignorantes» las palabras de la abogacía
El sindicato Csif salió al paso este jueves de las declaraciones vertidas por el decano del Colegio de la Abogacía de Murcia que advertía de que las sucesivas huelgas en los tribunales están vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Unas palabras que el sindicato tildó de «desafortunadas, malintencionadas e ignorantes». La organización remarcó que los servicios mínimos «se cumplen a rajatabla», y subrayó que «lo que se pretende lograr es un equilibrio y proporcionalidad adecuados entre las necesidades que es preciso cubrir y la garantía de ejercicio del derecho constitucional de huelga de los trabajadores». Los funcionarios remarcaron que, como en cualquier paro, «siempre resulta dañado algún colectivo» e hicieron hincapié en que las molestias derivadas del paro afectan principalmente al ciudadano «muy a nuestro pesar».
Piden once nuevos órganos en Murcia, Cartagena y Molina para el próximo año
El TSJ hizo hincapié este jueves en que son necesarios numerosos órganos en la Comunidad, aunque prioriza once de ellos de cara al próximo año. Así, reclamó tres juzgados de Primera Instancia, dos en Murcia y uno en Cartagena; un juzgado en Molina de Segura; un juzgado de lo Penal y otro de Violencia sobre la Mujer, en la capital; una nueva sección penal de la Audiencia Provincial (integrada por cuatro magistrados) y un nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria.
En este punto el presidente del TSJ no escondió su decepción ante la «exigua» dotación que el Ministerio concedió este 2023 a la Región (dos órganos). «El Tribunal Superior de la Región ha apostado siempre por la innovación y ha sido pionero en la introducción de mejoras en el sistema de justicia para hacerlo más eficiente y de más calidad, sin que nuestros esfuerzos se vean recompensados», subrayó. «Son tiempos difíciles para la Justicia. Es responsabilidad de todos superarlos. El pasado no puede mejorarse, pero si cabe aprender de él». El presidente del TSJ, acompañado del secretario de Gobierno, Javier Parra, entregó ayer la memoria al presidente regional en funciones, Fernando López Miras, y al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño. Más tarde, visitaron a la presidenta de la Asamblea regional, Visitación Martínez, a la que también entregaron una copia del balance del organismo.
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Enlace de origen : El TSJ alerta de que la situación de la Justicia es «crítica» y exige refuerzos
