El impacto de las macrogranjas, bajo la lupa de la universidad

«En los últimos años venimos observando la proliferación de explotaciones porcinas de gran tamaño en España y, concretamente, en la Región de Murcia, considerada como el nuevo polo productivo de carne de cerdo a nivel europeo», concreta Pedreño, coautor del artículo ‘Cerdos, acumulación y producción de naturaleza barata’. Este trabajo, publicado por la revista ‘Relaciones Internacionales’, de la Universidad Autónoma de Madrid, pone el acento, desde distintas ópticas, en el abuso de recursos que plantea este determinado modelo de explotaciones.

«Las demandas del régimen alimentario global de la industria cárnica nos han llevado a investigar, desde un enfoque multidisciplinar, los aspectos socioeconómicos, políticos y ambientales del actual sistema de producción capitalista de cerdos», apunta la profesora del departamento de Derecho administrativo de la UMU María Giménez Casalduero, firmante también de este estudio junto a un tercer autor, el doctor en Sociología de la UMU Antonio Ramírez Melgarejo. Los tres han emprendido una investigación de particular valor en nuestra geografía, donde estas explotaciones ganaderas conforman una controversia de primera línea. El último ejemplo trascendió recientemente con la anulación de los permisos de 23 granjas por parte de la Consejería de Ganadería, que inicialmente se los había concedido pese a no contar con los preceptivos informes ambientales.

La investigación de la UMU que nos ocupa, y que todavía está inconclusa (va por el segundo año de los cuatro previstos), arranca, en todo caso, mucho antes. «Poniendo en contexto el trabajo que venimos realizando desde la Universidad de Murcia y la Universidad Complutense de Madrid, el estudio se remonta a la década de los sesenta del pasado siglo XX», coincidiendo con la profunda crisis de la ganadería tradicional, precisa Pedreño. Ahí comenzó la transformación del sector porcino español hacia un modelo industrial, «alejado de los mataderos municipales y de las pequeñas explotaciones rurales, que abastecía fundamentalmente a los mercados de proximidad». Este movimiento, continúa el profesor, dio lugar «a la descampesinización, la sustitución de razas autóctonas por variedades de alto rendimiento, la estabulación de los animales y el cambio de suministro alimentario mediante piensos compuestos». El resultado es un sector porcino que ya compone el 42% de la producción final ganadera en España, donde se cuentan más de 31 millones de cerdos, de los que más de dos millones se crían en la Región de Murcia, según los datos recogidos hace tres años.

El estudio de las repercusiones ambientales de esa industria centra parte del trabajo, principalmente por la « contaminación del suelo y de las aguas subterráneas». Las granjas intensivas de porcino, «sobre todo las de gran tamaño, generan un volumen de estiércol tan elevado que, con frecuencia, el suelo de las zonas agrícolas circundantes no tiene capacidad de asimilarlo», precisa Giménez. Al mismo tiempo, las balsas de almacenamiento de purines representan un riesgo, por roturas, vertidos o filtración, por ejemplo, y la demanda de agua de las grandes granjas, tanto por el consumo de los animales como la necesaria para regar los cultivos que alimentan, es otro problema importante.

«Curiosamente, la mayor concentración de macrogranjas porcinas en la Región de Murcia se encuentran en zonas con escasa disponibilidad de recursos hídricos», señala Ramírez, y apunta a «comarcas como las pedanías altas de Lorca, caracterizadas por un clima semidesértico, sin apenas reservas fluviales y con escasas fuentes de aguas subterráneas». Se da la circunstancia, afirma, de que en un elevado número de ocasiones estas explotaciones «no tienen derecho a esas dotaciones por parte de la CHS [Confederación Hidrográfica del Segura] ni por los servicios de aguas municipales».

Entrevistas a los implicados

La investigación de Pedreño, Giménez y Ramírez está basada en entrevistas cualitativas a actores sociales implicados en los efectos socioeconómicos, laborales y ambientales de la industria del porcino, incluidos políticos, ganaderos, sindicalistas, trabajadores, ecologistas y líderes vecinales, entre otros. También se sustenta en observaciones sobre el terreno y el uso de fuentes secundarias sobre el asunto, como estadísticas oficiales, páginas web corporativas y documentos oficiales. A partir de ese material, la investigación observa el fenómeno a través de distintos prismas. «Desde el punto de vista sociológico pretendemos relacionar la eficiencia de la industria global de carne de cerdo con el nivel de dependencia del trabajo no remunerado realizado por naturalezas extrahumanas, como los suelos o los animales», detalla el sociólogo Antonio Ramírez. Y desde un enfoque jurídico, explica por su parte la profesora de Derecho María Giménez, «el modelo de integración adquiere gran interés».

Se trata de un sistema que implica el control de la empresa cárnica sobre la propiedad del animal, al que suministra el alimento y los medicamentos necesarios, si bien queda para el ganadero la gestión de la instalación intensiva, de los purines y de todos los impactos ambientales asociados. El ganadero, por tanto, no tiene capacidad de decisión ni de trasladar costes a los consumidores. Cobra una cantidad por cerdo engordado, «pero en esa ganancia no se incluyen los costes de la gestión de los purines, con lo que el integrador acaba apropiándose de una naturaleza (humana y extrahumana) no remunerada que elude el principio de quien contamina, paga». Estas duras condiciones alcanzan al 75% de la producción en España, asegura, «quedando para el ganadero independiente el 10% y para las cooperativas el 15%, aproximadamente». Desde la organización ganadera COAG, se «califica este tipo de organización de la producción como un proceso de ‘uberización’ del campo español».

En el ámbito sociológico, el estudio también aborda «los indicios de agotamiento del modelo», con factores como el trabajo barato, el extenuación de los empleados del sector y la resistencia social a la expansión de estas instalaciones en espacios rurales, de los que, anota, «nos encontramos con ejemplos significativos en la Región de Murcia».

«No todo es aceptable ni deseable a largo plazo en la industria ganadera», resume Giménez. «Producir carne de cerdo a gran escala es barato para el productor (integrador), pero genera muchos impactos ambientales indeseables para la población». Para ponerle coto, concluye, «debe existir una respuesta jurídica clara sobre el modelo de producción intensiva de cerdos».

La experta atribuye al ‘boom’ inmobiliario anterior a 2008 el que las granjas ganaderas quedasen «fuera de ordenación» en «la mayoría de planes urbanísticos de la época», elaborados con el ladrillo como prioridad. De ahí que ahora « no existe una planificación del espacio regional para regular las instalaciones ganaderas de carácter intensivo».

Como consecuencia de todo ello se ha contribuido, por ejemplo, «al deterioro de ecosistemas tan emblemáticos como el Mar Menor o las pedanías de las tieras altas de Lorca», mediante «la contaminación por nitratos de las masas de agua y el incumplimiento de la normativa ambiental», por citar alguna derivada negativa más.

En la actualidad, «sin embargo, algo está cambiando en la demanda de carne de cerdo producida de manera intensiva», asegura la profesora, en alusión a «la concienciación acerca de los problemas ecológicos que plantea este modelo ganadero».