La acusación del ‘caso La Sal’ exige el embargo de todos los bienes e ingresos de Valcárcel

La acusación del ‘caso La Sal’ exige el embargo de todos los bienes e ingresos de Valcárcel

Al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel se le complica la cosa. El letrado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en el ‘caso La Sal’, exige en un escrito al juzgado el embargo preventivo de todos los bienes e ingresos del que durante más de dos décadas fue el santo y seña del PP en la Región. El abogado reclama que el juzgado lleve a cabo este embargo para asegurar el pago de los más de 74,1 millones de euros que se le reclaman dentro de ese procedimiento, en el que afronta presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.

El embargo de los bienes ya fue advertido por la propia instructora en el auto de apertura de juicio oral. El fiscal solicitó que se procediese al embargo de todos los bienes, inmuebles, productos financieros, planes de pensiones, sueldos o pensiones que Valcárcel tenga a día de hoy a su nombre. La juez, ante esta petición, exigió al expresidente una fianza de 74,1 millones, que a día de hoy no ha prestado, y advirtió de que se procederá al embargo de bienes si no la satisface.

En un escrito reciente dentro de la pieza de responsabilidad civil, De Ramón reclama el embargo de bienes inmuebles que, asegura, el expresidente tiene en Murcia, Aledo, la Comunidad Valenciana y Madrid, junto a otros en territorios europeos y americanos. Solicita, así mismo, el embargo de todos los fondos de inversión y planes de pensiones que pudiera tener tanto personales como de los cargos que ha ocupado. El letrado exige, además, que la juez se dirija al servicio de blanqueo de capitales del Banco de España para que investigue si tuviera cuentas en bancos extranjeros.

La Fiscalía solicita para el expresidente regional hasta 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público en este caso. La acusación popular, por su parte, reclama hasta 15 años de prisión por presuntos delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa del séxtuple del dinero defraudado.

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