Nuevo revés judicial para Carles Puigdemont. La Justicia europea ha avalado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad europarlamentaria al expresidente catalán, su mejor blindaje ante las euroórdenes emitidas por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La defensa de Puigdemont podrá recurrir esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En su sentencia, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) asegura que la Eurocámara hizo bien al retirar la inmunidad europarlamentaria al político independentista y que tramitó el suplicatorio de forma adecuada. Desestima, por tanto, las alegaciones de la defensa de Puigdemont, que aseguraba que la institución comunitaria no motivó de forma «suficiente y adecuada» su decisión de retirar la protección europarlamentaria a Puigdemont.
Pero esto no supone el final del laberinto judicial de Puigdemont, ni mucho menos. Ahora se abre un plazo de dos meses para recurrir a la sentencia del TGUE y el expresidente catalán ya ha anunciado su intención de elevar el caso a la máxima instancia europea. «Esto no acaba, al contrario. Presentaremos un recurso al TJUE y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos», ha asegurado Puigdemont en sus redes sociales tras conocer el fallo del alto tribunal. Su defensa -y la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí- tratará de que el TJUE revierta la decisión de este miércoles, pero «también estamos preparando el camino a seguir en caso de que el resultado sea el que se ha comunicado». El político independentista ha lamentado que, hoy en día, «la disidencia política está amenazada en Europa. Las minorías políticas que defienden las causas que son incómodas a los estados tendrán más dificultades para ejercer sus derechos si esta sentencia no es revertida», ha concluido.
Tras la decisión del TGUE, el juez Llarena deberá reactivar las órdenes de detención y entrega en Bélgica. El Supremo sostiene que el país ya no podría negarse a la entrega del expresidente catalán y los exconsellers, pero la defensa de Puigdemont sostiene que Llarena deberá tramitar de nuevo el suplicatorio y la retirada de inmunidad europarlamentaria, ya que tras la reforma del Código Penal la Justicia española los reclama por malversación y no por sedición.
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