El PP propuso este miércoles un plan de choque para «aliviar el colapso» de la Justicia por las sucesivas huelgas de funcionarios en los últimos meses. Será una primera actuación dentro del Pacto de Estado por la Justicia que el PP pretende llevar a cabo si gana las elecciones del 23-J y que es «absolutamente necesario». Lo dijo en Lorca el candidato al Senado por Murcia, Francisco Bernabé, que junto a la también candidata a la Cámara Alta, Antonia López Moya y los candidatos al Congreso Isabel Borrego y Luis Alberto Marín mantuvieron una reunión de trabajo en el Colegio de Abogados de Lorca para conocer de primera mano la situación por la que atraviesan.
Bernabé señaló que «estamos totalmente de acuerdo con las reivindicaciones que está haciendo el colectivo de la Abogacía y el resto de profesionales jurídicos, los procuradores y graduados sociales«. Explicó que la resolución de «cientos de miles de casos» se está viendo aplazada «incluso años» con el perjuicio que supone para los ciudadanos. También resaltó que miles de despachos de abogados no están pudiendo facturar y se ven abocados a cerrar sus puertas. «Hay un auténtico drama dentro del sector» que «tenemos que abordar con prontitud y darle solución».
Bernabé criticó los «continuos desencuentros» de la ministra de Justicia, Pilar Llop, con los funcionarios públicos que tienen que prestar servicio a la Justicia. Dijo que es tan básico como la Sanidad y la Educación y que «si la Justicia no funciona no hay una democracia plena y, por desgracia, estamos viendo que en España está empezando a fallar».
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El decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón, dijo que la situación de los letrados es «lamentable» y que mantendrán una ronda de contactos con todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales para reclamar que en la próxima legislatura se apruebe un Pacto de Estado por la Justicia porque «no aguanta más».
Los abogados lorquinos y de las 83 ciudades españolas que tienen Colegio de Abogados se concentraron hace una semana ante su sede colegial para protestar por la paralización de la Justicia. Alertaron de que muchos profesionales están teniendo dificultades para afrontar gastos tan básicos como los recibos de luz, el agua o los alquileres de los despachos. En algunos la facturación ha caído un 90%.
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