Sorpresivo movimiento de la Fiscalía solo horas después de los comicios generales. El Ministerio Público anunció este lunes de resaca electoral que ha solicitado al Tribunal Supremo que dicte de nuevo una orden de busca y captura e ingreso en prisión contra Carles Puigdemont Casamajó y el exconsjero Antoni Comín, incluida una orden de busca y captura internacional «por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición», así como orden europea de detención y entrega respecto de los dos imputado por el procés separatista de 2017.
La decisión de la Fiscalía de ‘resucitar’ la ofensiva judicial para traer de vuelta Puigdemont a España se produce cuando el expresidente de la Generalitat y líder de Junts se ha convertido en pieza clave para la futura gobernabilidad de España, puesto que la abstención de los siete diputados de la formación catalana son indispensables para una hipotética investidura de Pedro Sánchez.
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El Ministerio Público desvinculó por completo la decisión de pedir reactivar las órdenes contra Puigdemont y Ponsatí con el proceso electoral y remarcó que la petición al juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, está motivada exclusivamente por la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de julio de 2023 que retira la inmunidad de ambos europarlamentarios.
Aunque esta sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión, el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023.
El Ministerio Fiscal también recuerda que, tras la reforma exprés del Gobierno del Código Penal para hacer desaparecer la sedición y modificar la malversación, todavía es posible acusar a los dos huidos de de malversación, a los que es aplicable el art. 432 Código Penal, que lleva aparejadas penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, podrán ser de entre 6 y 12 años de prisión.
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