El siempre complejo ‘caso Puigdemont’, que lleva camino ya de seis años de líos judiciales internacionales, se embrolla todavía más a las puertas de que comiencen unas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en las que Junts, el partido del expresident, tiene la llave de La Moncloa. Pablo Llarena, el instructor en el Supremo del sumario del procés, no quiere un nuevo culebrón judicial a cuenta del ilustre huido y menos ahora cuando los endiablados resultados del 23-J han puesto a Carles Puigdemont, de nuevo, en el centro de la política nacional.
Así las cosas, el juez del Supremo ha decidido tomarse las cosas con calma y anunció este jueves que no resolverá por el momento las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular para que se reactiven las euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra los procesados Puigdemont y el exconsejero Antonio Comín.
Llarena quiere enfriar los ritmos, al menos, hasta la vuelta de las vacaciones de verano para no recibir otro varapalo judicial, ya que el fallo que retiró la inmunidad a Puigdemont del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) el pasado 5 de julio no es todavía firme. Es más, la protección parlamentaria podría volver de inmediato, al menos de forma temporal. Y es que nadie en el Supremo descarta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acepte reintegrar de forma cautelar el blindaje judicial al exjefe de Gobierno catalán, tal y como va a pedir con toda probabilidad la defensa del huido en su recurso casación.
Los abogados de Puigdemont -recuerda el juez- tienen para apelar ante el TJUE un plazo de 2 meses y 10 días (que se cumple el 15 de septiembre de 2023) por lo que cualquier decisión sobre el expresident no se producirá antes de esa fecha, cuando las conversaciones para la investidura es muy probable que estén en pleno apogeo. En cualquier caso -explicaron a este periódico fuentes del caso- la Corte de Luxemburgo no resolverá de forma definitiva sobre la inmunidad previsiblemente a principio de 2024, cuando las negociaciones sobre investidura deberían haber concluido hace meses.
Tiempo suficiente
El instructor del Supremo explica que, aunque el TGUE rechazara reactivar la inmunidad de manera cautelar, aun así tendría tiempo para pedir la reactivación de la euroorden visto que el plazo máximo que establece la Decisión Marco 2002/584/JAI para resolver cualquier reclamación de entrega es el de tres meses. El juez abunda en que no existiría ninguna dificultad para que los procesados pudieran ser puestos a disposición de la Justicia española antes de disolverse el Parlamento para el que fueron elegidos y «para cuyo desempeño se les concedió la inmunidad cuya suspensión se peticionó desde un inicio».
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En su providencia, el juez hace un repaso del larguísimo culebrón judicial por el que ha pasado este proceso para tratar traer de vuelta a España a Puigdemont. Primero, el Parlamento Europeo suspendió la inmunidad de la que gozaban los procesados, pero Puigdemont y Comín recurrieron la decisión parlamentaria ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Durante la tramitación del recurso, aun cuando el TGUE denegó la medida cautelar de suspender la retirada de la inmunidad, tal medida provisional fue acordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en resolución de 24 de mayo de 2022, de modo que los procesados continuaron disfrutando provisionalmente del privilegio que inicialmente les correspondía como parlamentarios.
Esa medida cautelar decayó al desestimar el TGUE, en su sentencia de 5 de julio de 2023, el recurso interpuesto por los procesados contra la decisión parlamentaria de conceder el suplicatorio cursado por este instructor.
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Enlace de origen : El Supremo rechaza ordenar la captura de Puigdemont hasta que se aclare su inmunidad
