Arroyo asegura que tiene «herramientas» para evitar urbanizar junto al Mar Menor

La propuesta de Arroyo es convertir en no urbanizables la finca Lo Poyo, donde está prevista la construcción de hasta 12.000 viviendas en la urbanización Novo Carthago. Igualmente, desclasificará los terrenos de El Vivero de La Manga, donde se podrían levantar cerca de mil casas y alojamientos turísticos. Además, dejará sin efecto el plan parcial de La Loma de Mar de Cristal, que aspira a albergar otras mil viviendas al norte de Los Belones. Ninguno de esos tres grandes desarrollos tiene aprobado sus proyectos de obra de urbanización, por lo que están afectados por la moratoria del Mar Menor.

Arroyo insistió en que todos los ayuntamientos tienen capacidad de suspender licencias. Además, añadió que está en revisión el Plan General Urbano, que incluye «la desclasificación de los macro proyectos urbanísticos del Vivero, Novo Carthago y La Loma de Mar de Cristal». También impedirá, afirmó la alcaldesa, cualquier obra en el solar de la antigua estación de telegrafía de Cabo de Palos.

La moratoria, anunció, sí que supone un desbloqueo del proyecto urbanístico del entorno del supermercado Mercadona de Cabo de Palos. Se trata de una iniciativa que «no tiene ningún impacto al Mar Menor, ya que no está en la cuenca de la laguna». Y resumió que en Cartagena «no necesitamos una moratoria para frenar grandes desarrollos constructivos y que tiene normas municipales suficientes de grandes proyectos».

Retirada de los lodos

Noelia Arroyo realizó estas declaraciones tras dar a conocer su plan para la retirada de lodos de una decena de zonas de baño ubicadas entre Punta Brava y Los Nietos, en Cartagena. Se trata de una idea que propone la recuperación ambiental de las playas actuando en seis fases que se extenderían durante ocho meses. Todos ellos están valorados en un millón de euros. La alcaldesa compareció ante la prensa, junto a Juan María Vázquez, titular de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación.

En las diez zonas propuestas se ha valorado la aplicación de hasta doce procedimientos diferentes, desde la retirada manual hasta el uso de la ‘watermaster’ y se ha propuesto para cada caso la metodología que se considera más eficaz y con menor afección al medio.

Según explicó Arroyo, «los pasos siguientes son, en primer lugar, obtener permiso para hacer la prueba piloto. Estimamos que esta prueba nos costará unos 70.000 euros que ya estamos buscando para poder desarrollarla este mismo invierno, que es la época del año en la que reduce al mínimo el riesgo de impacto sobre el medio». Paralelamente, indicó, «gestionaremos la aprobación del estudio de impacto ambiental, que es un trámite más largo. Una vez aprobado, sacaremos a concurso ejecución del proyecto de retirada de lodos que, como he dicho, está valorado en algo más de un millón de euros».

La alcaldesa dijo de que se dirigirá al Ministerio de Transición Ecológica para que financie esta operación ya que la retirada de secos y fangos forma parte de los objetivos prioritarios marcados por el propio Ministerio en el Plan para la Protección del Borde Litoral.