El Ayuntamiento de Cartagena cree que la nueva moratoria salva un área comercial en Cabo de Palos

El Ayuntamiento de Cartagena cree que la nueva moratoria salva un área comercial en Cabo de Palos

El veto a los nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno del Mar Menor sigue vigente, después de que el Gobierno regional aprobara este jueves el anunciado decreto ley que prorroga la norma impulsada hace tres años por la Asamblea Regional. La llamada moratoria fue aprobada por el Consejo de Gobierno este mismo jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y entró en vigor de inmediato y, como estaba previsto, tendrá efecto mientras la Comunidad Autónoma no apruebe de forma inicial el Plan de Ordenación Territorial de la Cuena Vertiente del Mar Menor.

En todo caso, la redacción del texto del real decreto, que modifica dos apartados de la Ley de protección y recuperación del Mar Menor, suscitó una nueva polémica en cuanto al blindaje del litoral frente al ladrillo. La variación de los artículos 16.1 y 16.2 de la ley, que según el ejecutivo de Fernando López Miras era «imprescindible» a raíz de un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, llevó al Ayuntamiento de Cartagena a señalar que deja de estar vetado el proyecto de ampliación del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, defendió a principios de semana que este proyecto nunca debió incluirse en la moratoria porque no afecta a la cuenca vertiente del Mar Menor.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero portavoz, Marcos Ortuño, fue preguntado sobre si cabía la posibilidad de que se desbloqueara esa iniciativa privada (que incluye una gasolinera, dos restaurantes y un sector de viviendas) y el Plan Parcial Los Belones Este, que prevé 700 casas. Con su respuesta, dio a entender que se mantenía el bloqueo a ambos desarrollos. Sus palabras fueron: «Se mejora la redacción del texto [anterior] y se concreta y se definen mejor las áreas de exclusión, que son las mismas. Por lo tanto, creo que queda contestada la pregunta».

Posteriormente, a la vista del texto publicado en el BORM, fuentes del Consistorio aseguraron a LA VERDAD que, según sus técnicos, «la clarificación de las dudas interpretativas» que había sobre la anterior moratoria dan vía libre al proyecto Las Dunas II. En el nuevo texto, el artículo 16.1 precisa que el área de exclusión temporal rige para «nuevos desarrollos que no hayan sido aprobados inicialmente antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley» (la del Mar Menor, de julio de 2020). Antes, se hablaba solo de «nuevos desarrollos urbanísticos que no hayan sido aprobados».

También dentro del artículo 16.1 de la ley de la laguna, el decreto aprobado por el gobierno en funciones de López Miras, del Partido Popular, también incorpora un cambio respecto a la posibilidad de construir en los ensanches de los suelos urbanos consolidados. En concreto, suprime la obligación de que los terrenos afectados tengan aprobado el proyecto de urbanización.

Dudas sobre el Plan Parcial Los Belones Este

Además, aunque fuentes del Ayuntamiento cartagenero aseguraron que esto no desbloque el Plan Parcial Los Belones Este, en otros ámbitos administrativos y del sector de la construcción indicaron que sí cabe la posibilidad de que el proyecto vea la luz. Este diario pidió al Gobierno regional que aclarara si la nueva moratoria afecta o no a los proyectos de Cabo de Palos y de Los Belones, pero no hubo respuesta.

Lo que no suscitó incógnitas fue lo relativo a la nueva redacción del artículo 16.2, que condiciona el inicio de nuevos instrumentos de planeamiento municipal a que la Comunidad apruebe inicialmente el Plan de Ordenación Territorial.

Ortuño puso el acento en que el decreto define las áreas de exclusión temporal con «precisión técnica», al quedar georreferenciadas en mapas, y que se gana en «seguridad jurídica». Además, todos los desarrollos ya iniciados deben incorporar medidas de sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza.

El acuerdo sobre la moratoria fue adoptado por el ejecutivo autonómico el mismo día en que caducaba la anterior. Ahora, el decreto ley tendrá que ser convalidado por el parlamento autonómico en el plazo de treinta días o decaerá. Todo ello, después de la polémica generada por el rechazo de la Asamblea a la propuesta del PSOE de aprobar la prórroga del veto urbanístico este mes. El PP, que adujo errores técnicos en la iniciativa socialista, y Vox votaron en contra.

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