Una semana después de que el Gobierno regional aprobara la prórroga de la moratoria urbanística en el Mar Menor, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, aseguró este jueves que el decreto ley que regula ese veto impide la aprobación de uno de los nuevos desarrollos que el Ayuntamiento de Cartagena veía posible tramitar: la ampliación de Los Belones con 700 viviendas entre la iglesia y la laguna. En sentido opuesto, el consejero aseguró que la normativa de la Comunidad Autónoma, que entró en vigor el 3 de agosto y que debe ser convalidada por la Asamblea Regional, sí que consiente la tramitación de otra de las promociones que el Consistorio confiaba en sacar adelante: la ampliación del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos. En cualquier caso, y a pesar de las dudas mantenidas en los últimos tres años por el Consistorio, el consejero aseguró que la ordenación urbanística por parte de la Comunidad sigue siendo la misma, por más que cambie la redacción del texto legal.
En una rueda de prensa previa a una reunión técnica con concejales y técnicos de los cuatro ayuntamientos ribereños (Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares) para clarificar dudas, Díez de Revenga admitió la confusión generada en los últimos días por la interpretación del decreto por parte del Ayuntamiento. Y explicó que no se ha tenido en cuenta la introducción de un apartado (el 6) en el artículo 16 de la Ley de protección y recuperación del Mar Menor, «que obliga a que cualquier desarrollo urbanístico que se quisiera plantear tiene que cumplir los requisitos del futuro Plan de Ordenación, que están recogidos en el artículo 15».
En concreto, el nuevo apartado del decreto estable lo siguiente: «En todo caso, cualquier actuación derivada de los apartados anteriores deberá cumplir las medidas de sostenibilidad enunciadas en el artículo 17, así como ser compatible con los objetivos específicos previstos en el artículo 15 para el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor». Por el momento, este plan no ha sido aprobado ni presentado públicamente.
Evitar un «crecimiento desmesurado»
Ese añadido establece «que ningún desarrollo urbanístico puede salirse de los criterios que está preparando el Plan de Ordenación Territorial», expuso el consejero. Y concretó que no se puede alterar la fachada visual de la laguna, cerrar con viviendas el anillo perimetral del Mar Menor, ocupar suelos con especial protección e incrementar la densidad de población.
Díez de Revenga abundó en el argumento que ya adelantó este jueves en LA VERDAD: que el Plan Parcial Los Belones Este excedería el «crecimiento vegetativo» del casco urbano, pues casi «duplicaría» las 900 viviendas actuales y supondría un «crecimiento desmesurado». Sería más que un ensanche, al disparar la densidad urbanística, y contribuiría a cerrar el anillo perimetral de la laguna. En definitiva, resumió, «el Plan Parcial de Los Belones es un claro ejemplo de desarrollo urbanístico que no se puede hacer con esta moratoria».
«En la moratoria actual hemos tenido que actualizar la ordenación, por un dictamen del Consejo Jurídico que venía a decirnos que generaba muchas dudas de aplicación» la normativa anterior, afirmó el alto cargo, del Partido Popular. Y aseguró que desde el punto de vista de su departamento, la moratoria anterior no permitía Los Belones. El Ayuntamiento de Cartagena, sin embargo, sí que entendió que el dictamen del Consejo sobre el veto, de enero de 2022, daba vía libre a esta urbanización y a la segunda fase del área comercial Las Dunas.
Respecto a esta última zona, el responsable autonómico dijo que «en Las Dunas pasa exactamente al revés que en Los Belones». «Es simplemente una ampliación del casco urbano de Cabo de Palos, que además ni siquiera está en la cuenca vertiente del Mar Menor y que proporciona un servicio comercial necesario», defendió Díez de Revenga. La actuación propuesta está situada dentro de las áreas de exclusión de nuevos desarrollos, per el consejero indicó que «las mayores restricciones» son para los «usos residenciales y Las Dunas es un uso comercial».
Acerca de otras modificaciones introducidas en el decreto, el consejero recalcó que «no ha cambiado nada» en cuanto a los condicionamientos. «Lo que antes no se podía hacer sigue sin poder hacerse», afirmó acerca de dos variaciones: permitir desarrollos que estuvieran aprobados de forma inicial antes de la moratoria (no es necesario que la autorización sea definitiva) y no exigir que, en los ensanches de núcleos urbanos consolidados, se dispusiera de proyecto de urbanización.
A pesar de ello, PSOE y Podemos consideran que estas dos variaciones no están justificadas y que permiten nuevos desarrollos, por lo que exigirán su corrección en la Asamblea Regional con un proyecto de ley.
Revisión detallada de La Manga
En relación con La Manga, y en particular acerca de la zona norte (en el municipio de San Javier), indicó que solo se podrá construir en parcelas que supongan ensanches. Los técnicos de la Comunidad y del Ayuntamiento revisarán a cuáles puede aplicarse ese requisito entre el puerto deportivo Tomás Maestre y Veneziola, donde según el Consistorio hay solares que podrían acoger cientos de viviendas y plazas hoteleras.
Por último, respecto a las previsiones sobre la aprobación inicial del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, el consejero indicó que su intención es aprobarlo cuanto antes, pero que hay dudas jurídicas respecto a si puede hacerlo «un gobierno en funciones» como el actual de Fernando López Miras. Mientras se elabora el avance de este plan, cuya demora achacó a su «complejidad» técnica y que incluirá un proceso de participación pública, regirá la moratoria. A diferencia de la anterior, fijada para tres años, la actual establece como plazo máximo esa aprobación inicial de Plan. Díez de Revenga condensó así la situación: «Vamos con prisa y sin pausa».
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