Durante años, el grupo funcionó a su antojo por todo el país llenándose los bolsillos y dejando una retahíla de víctimas a su paso. La Audiencia Nacional acaba de condenar a uno de los últimos integrantes de una red internacional que llegó a defraudar más de dos millones de euros a particulares, empresas e instituciones públicas, algunas de ellas murcianas. Este rumano, especialista en alterar documentos de identidad para abrir falsas cuentas bancarias, era solo uno más de los engranajes de una trama que consiguió amasar grandes cantidades de dinero desplegando un abanico de fraudes, algunos de los cuales requerían de gran pericia.
Esta organización, que comenzó a operar en el verano de 2016, no era un grupo de aprendices. La red, según explica la Audiencia Nacional en su sentencia, contaba con un departamento de planificación, uno de informático, uno de creación de falsos documentos, uno de logística… El grupo estaba encabezado por tres líderes -ya condenados por estos hechos- que se encargaban de organizar toda la actividad del mismo. Esta se dividía, básicamente, en los ataques contra administraciones públicas y aquellos que iban dirigidos a particulares, y el modo de actuar, en uno u otro, era muy diverso.
Reparto de papeles
En ambos casos, la trama utilizaba para su avío documentos que no eran verdaderos, siguiendo unas pautas establecidas y repartiéndose las funciones entre todos los miembros. La dinámica de la red comenzaba con la preparación de todo tipo de documentos de identidad y personales (empadronamiento, contratos de trabajo…). Con el auxilio de estos documentos, miembros de la organización abrían cientos de cuentas corrientes en distintas entidades y en diferentes países, entre ellos España. Una vez abiertas esas cuentas, el área del grupo ha acabado su función y pasa esa documentación bancaria, números de cuenta y, fundamentalmente, los códigos de acceso a las mismas, a los escalones superiores de la banda. Llega entonces el momento de que otros miembros desplieguen las estafas.
Esta trama logró saquear las cuentas de decenas de entidades y administraciones públicas, entre ellas, Aguas de Murcia, a la que llegó a defraudar más de 82.000 euros. La lista es amplia e incluye desde ayuntamientos y hospitales a todo tipo de consorcios. Para desplegar esas tretas, subraya el tribunal, hacían uso de una «cualificación técnica considerable».
El primer paso era realizar un estudio para estar al día de los contratos que esas entidades públicas tenían con proveedores y empresas que les prestaban servicios. Una vez que entendían la relación de la administración con esas firmas y se hacían con alguna factura, se hacían pasar por alguna de las empresas que tenían algún cobro pendiente con la Administración. Simulando ser el proveedor, llamaban a la entidad o le enviaban un correo electrónico comunicándole que iban a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados debían ser abonados en la nueva cuenta. Una vez la entidad recibía estos documentos creados por la organización para acreditar el cambio de cuenta corriente, pagaba los servicios debidos a su contratista en la cuenta de la organización criminal. La Audiencia destaca que, a través de esta argucia, intentaron cientos de engaños, llegando a materializar otros muchos a numerosas entidades públicas de todo el territorio nacional.
Alquileres por internet
El sistema que la organización desplegó para el engaño de cientos de particulares en todo el país era bastante diferente. Estos fraudes eran cometidos a través de internet y seguían distintos patrones, entre los que se encontraban ‘phishing’ bancarios, engaños en la compraventa de bienes y servicios, y, sobretodo, en alquileres temporales o turísticos por internet.
Esta última modalidad la desplegaban todo el año, pero con mayor fuerza en verano. Los miembros de la red buscaban, en distintas plataformas de alquiler, anuncios de viviendas para copiar sus fotos y publicarlos con otras referencias. La trama utilizó fotos de Idealista, Vibbo… Una vez las personas interesadas en los alquileres se ponían en contacto, por correo o WhatsApp, se les explicaban las condiciones y se les exigía el ingreso en una cuenta de un mes de alquiler y otro de fianza. Tras el depósito, como suele ser habitual en estos casos, los supuestos propietarios cortaban todo tipo de contacto y los interesados en el piso caían en la cuenta de que se la habían colado.
Esta organización de ámbito internacional creó mucha documentación no verdadera, generalmente documentos de identidad de distintos países y NIES, la «piedra angular que permite la apertura de tantas cuentas bancarias», destaca el tribunal. Hay investigados que llegaron a tener decenas de documentos de identidad de distintos países y la Sala destaca que la detección por parte de las entidades bancarias de esos documentos era «prácticamente imposible».
La red también creó numerosos certificados bancarios y de empresas suministradoras de servicios a entidades públicas, que utilizaron para engañar a las administraciones públicas consiguiendo que estas ingresaran el importe de suministros recibidos en cuentas bancarias controladas por la organización. El dinero obtenido con los engaños de todo tipo que desplegaban entraba a las distintas cuentas bancarias creadas con ese fin por miembros de la organización, se transferían a cuentas bancarias abiertas con documentación no verdadera en Hungría, Rumania y otros países donde se sacaba el dinero el metálico y se cerraba el círculo.
El rumano condenado por la Audiencia Nacional se ha beneficiado de una atenuante por el retraso sufrido en la causa y solo cumplirá un año de prisión.
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Enlace de origen : Las argucias de una red internacional para meterse dos millones de euros al bolsillo
