Mafias, sicarios y coca, las balas silban sobre el final de la campaña electoral de Ecuador

La primera vez que el FBI acudió al llamado del Ejecutivo ecuatoriano fue en el invierno de 2018. Una facción separada de las FARC, el denominado Frente Oliver Sinisterra, vinculado a los cárteles mexicanos, hizo explotar un coche-bomba el 27 de enero delante de un cuartel de la Policía en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, en uno de los epicentros del narco. El atentado provocó 28 heridos, un balance milagroso ya que la deflagración destruyó la comsiaría y barrió 32 casas de los alrededores. Fue el comienzo de una ola de violencia que no ha parado de crecer, Hasta ese momento, las autoridades eran conscientes de que Ecuador formaba parte de las rutas de tránsito de la droga, pero la bomba hizo que perdiera la inocencia. Por primera vez se percató de que las narcomafías ya estaban asentadas en su territorio.

En agosto de 2022, los federales estadounidenses regresaron al país. Otra bomba. Esta vez en Guayaquil, considerado igual que Esmeraldas un lugar dominado por los capos. Cinco muertos. Diecisiete heridos. Un barrio marginal devastado. Lleno de escombros. El ministro de Interior, Patricio Carrillo, lo denominó una «declaración de guerra al Estado» por parte del crimen organizado. El FBI descubrió que el artefacto era casero. Contenía nitrato.

La Policía barajó que el atentado fuera un mensaje a los comerciantes de la ciudad para que no se resistieran a la extorsión, la respuesta a la incautación, dos días antes, de una importante partida de droga o una venganza entre bandas. Finalmente se descubrió que el destinatario era un tal ‘Cucaracha’, supuesto miembro de los Tiguerones, clan acostumbrado a hacerse respetar en las cárceles mediante desmembramientos y decapitaciones. El hombre dirigía dos ‘bailaderos’ (discotecas clandestinas) donde resultaba frecuente que pandilleros rivales se encontraran para, más tarde, «darse bala en la calle». Al sentir la explosión, ‘Cucaracha’ se desmayó y fue conducido al hospital.

La tercera ocasión en que el FBI viajó a Quito fue hace apenas tres meses. Previamente, el Ejecutivo de Guillermo Lasso dio un paso adelante en la lucha contra las mafias al catalogar el narcotráfico y el crimen organizado como «terrorismo», lo que parcialmente ha servido para mejorar la formación de los policías, además de crear unidades de élite antinarcóticos y de operaciones especiales. La misión de la agencia federal ha consistido en entrenar a 1.700 agentes en técnicas antiterroristas. Y les llevó un regalo. Ese mismo mes desembarcaron en Quito catorce millones de municiones de distinto calibre.

Periodistas secuestrados y asesinados

Sin embargo, ni toda esa preparación pudo la semana pasada evitar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. O el del dirigente de Revolución Ciudadana Pedro Briones, acribillado este lunes en la ciudad de Esmeraldas. Dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el dirigente de izquierdas cuando se dirigía a su casa. El FBI ha vuelto a Ecuador para investigar las muertes de ambos políticos, sucedida en un intervalo de cinco días, y que parecen producto de esa nefasta fusión entre las familias de la droga internacionales y los pandilleros locales. Los agentes e han reunido este martes con la Fiscalía y altos mandos de la Policía Nacional. A Villavicencio le mataron entre siete sicarios colombianos. Y la manera en que Briones ha perdido la vida apunta igualmente a la acción de mercenarios extranjeros o asesinos locales bien entrenados. El pistolero le disparó dos veces en el cuello.

La lista de cadáveres en este pulso del narco con el Gobierno crece en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo día 20, pero no es la primera vez que mueren políticos en este país depauperado: ya han perdido la vida un alcalde y tres aspirantes a cargos parlamentarios. Las mafias no se detienen ante nadie.

Ecuador empezó a percatarse de que la amenaza era general en 2018, cuando dos periodistas de ‘El Comercio’ y su chofer fueron secuestrados en Esmeraldas. El caso resultó especialmente significativo porque se encuadraba entre las primeras demostraciones prácticas de que los sicarios campaban tranquilamente por las provincias vinculadas al tráfico de estupefacientes. También fue la primera gran extorsión de las mafias al Gobierno. Un comando del Frente Oliver Sinisterra, autor del secuestro, mató doce horas más tarde a los tres cautivos tras la negativa del Ejecutivo a liberar a un grupo de terroristas encarcelados.

Desde entonces, sobre aquellos charcos de sangre la violencia política se ha apoderado de una nación cuya tasa de asesinatos asciende a 25 por cada 100.000 habitantes, pero que a finales de 2023 puede aumentar a 35. Un año de inédita cosecha de almas

El Gobierno de EE UU ha pedido a sus compatriotas que eviten viajar a las provincias de El Oro, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Cañar y Carchi. También les aconseja que mantengan un «perfil bajo» en sus desplazamientos por el resto del país latinoamericano debido a la inseguridad y los secuestros. Las zonas rojas marcadas por el Departamento de Estado también las tienen los servicios de seguridad que deberán proteger a los candidatos electorales durante esta semana. La recta final de la campaña. Se trata de ocho hombres y mujeres sobre los que irrazonablemente no existen certezas absolutas de que lleguen el próximo domingo a las urnas. Así de extremo.

El narco y los pandilleros han evolucionado al asesinato político. El antecedente más claro de este salto cualitativo es Javier Pincay, aspirante a la alcaldía de Portoviejo que recibió ocho disparos en diciembre de 2022. El dirigentes del centroizquierdista partido Avanza sobrevivió y se convirtió en mandatario municipal. Sin embargo, los pistoleros no se han olvidado de él: el 25 de enero un artefacto explotó en la puerta de la sede del partido y causó cuatro heridos.

La campaña electoral se antoja complicada. Durante el debate televisado –y obligatorio según las normas electorales– que los candidatos celebraron en la noche del domingo (madrugada del lunes en España), la Policía desplegó trescientos agentes como protección. Cada líder llegó a la cita en coche blindado y rodeado de escoltas. Este mismo domingo, la mujer de Fernando Villavicencio apareció en una rueda de prensa para denunciar que su marido había sido objeto de un «crimen de Estado». Compareció con chaleco antibalas, casco y la compañía de un policía fuertemente armado a su lado. El blindaje se ha convertido en la ropa formal de los actos públicos.

Elecciones en estado de guerra

Los planificadores de campaña han adaptado el calendario a una situación de guerra. Han suspendido mítines en poblaciones y salas donde la seguridad era difícil de controlar. Los paseos electorales, así como los clásicos discursos callejeros desde la trasera de una ‘pick up’, quedarán eliminados posiblemente en su totalidad. «La situación creada tras el asesinato de Villavicencio abre una fase de enorme incertidumbre y, sobre todo, pone al descubierto la vulnerabilidad de los candidatos. Y eso da que pensar a todos ellos. Son héroes, porque se enfrentan a auténticas organizaciones mafiosas, no a simples pandilleros», afirma un analista en un medio latinoamericano.

Otro experto en seguridad, Luis Córdova, considera en declaraciones a ‘Primicias’ que el asesinato político «tiene por naturaleza promover y prevenir políticas específicas, valores, percepciones ciudadanas». Existe cierta unanimidad en que el Ecuador actual se parece sobremanera a la Colombia de los años 80 y 90. Y Córdova cree que crímenes como el del candidato Villavicencio lo confirman, Después de una declaración de guerra contra el narcotráfico, como la realizada por el presidente Guillermo Lasso en 2020, «comienzan a catapultarse los crímenes políticos». Nada que no se haya visto en «otros espacios de América Latina».

Inmediatamente después del atentado contra el periodista y político, Lasso ordenó esta semana pasada aplicar el estado de excepción. Poco después tuvo que matizar el decreto para suspender la prohibición del derecho a reunión, que hubiera imposibilitado los mítines. Sin embargo, los expertos electorales no creen que estos días se celebren actos masivos con los simpatizantes. Los candidatos «no van a moverse mucho» y lo que hagan será «en medio de enormes precauciones». Sólo una postulante, Luisa González, de Revolución Ciudadana, mantiene un calendario más o menos ágil. Respecto a los aspirantes al Legislativo, son también conscientes de que pueden ser el siguiente objetivo de las mafias. Perfil discreto.

El asesinato de Briones ha acrecentado el miedo. Villavicencio se había significado de modo especial sobre el resto de aspirantes a la presidencia por sus investigaciones de las irregularidades ligadas al exmandatario Rafael Correa. Conocía en profundidad la corrupción institucional y los manejos de los traficantes. Sobre el homicidio del dirigente de Revolución Ciudadana, afín al correísmo, poco se sabe todavía, pero algunas fuentes sostienen que pudo pagar con la vida su rechazó a pagar una extorsión del crimen organizado.

Los términos ‘narcoestado’ y ‘Estado fallido’ se asocian cada vez más estrechamente con esta nación, antaño segura y ahora entre las quince más peligrosas del mundo. El cóctel de organizaciones criminales aquí difícilmente se aprecia en cualquier otro lugar. Según una reciente investigación policial, tres mafias internacionales operan en el país: los albaneses, asentados desde hace doce años y propietarios de una extensa red de narcotráfico en los puertos; los italianos, y los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Todos ellos están conectados a su vez con una docena de organizaciones criminales locales que funcionan al modo de micro-cárteles, según el estudio de la Unidad Antinarcóticos, publicado en colaboración con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Estas bandas, que protagonizan salvajes balaceras entre ellas, dominan el menudeo de cocaína, las extorsiones y las cárceles. Quienes controlan las prisiones controlan también a los jefes rivales encarcelados. Y dirigen los motines. Los penales son auténticas fuentes de poder y desestabilización en un pulso con el Gobierno.

El ejemplo más reciente lo han protagonizado hace solo unas horas cientos de presos de la cárcel de Guayaquil donde estaba encerrado ‘Fito’, el líder pandillero que había amenazado de muerte a Villavicencio por sus denuncias periodísticas. Los reclusos protestan por el traslado de mafioso a otra cárcel de máxima seguridad como castigo y en un intento de romper sus canales de comunicación con sus subordinados del clan de Los Choneros.

Los sinaloenses extienden su sombra sobre las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. No han sido elegidas al azar. La primera está en la Amazonía y la segunda en la franja andina. Por ahí discurren las rutas de tránsito de los traficantes colombianos y peruanos. Las otras cuatro son costeras y dueñas, por tanto, del tráfico marítimo de la droga. El cártel Jalisco Nueva Generación también opera en Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Respecto a la mafia de los Balcanes, pasa más inadvertida. No suele moverse ni hacerse notar. Ecuador es el punto del que sale la ‘nieve’. Pero el negocio real está en Europa. según la Policía, donde confluyen la coca de América del Sur y la heroína de Asia.

Las ventajas del dólar y la corrupción judicial

Los especialistas consideran que estas bandas se benefician no solo de la menor preparación de las fuerzas de seguridad, a las que ganan en armamento militar, sino también de la ausencia de una base de datos que permita contrastar la identidad de los recién llegados. Esta circunstancia facilita el empleo de documentos falsos por los enviados de los cárteles, que también resultan beneficiados por la corrupción judicial. En un puñado de operaciones antinarcóticos con redadas masivas de albaneses, ecuatorianos, colombianos y griegos, los balcánicos han sido los únicos en no pisar la prisión. Todo eso no les ha hecho inmunes, en cualquier caso, a las guerras internas. Muertes como la de Adriatik Tresa, asesinado en su lujosa casa ecuatoriana poco después de cumplir una condena leve, o Hidri Ilir, acribillado en una calle de Guayaquil, así lo confirman.

Parece difícil haber llegado a esta situación. Y, en efecto, lo es. Requiere una confluencia de factores. El principal es que Ecuador está encajado entre Perú y Colombia, los dos grandes productores de la muerte blanca, y que esta sustancia se ha convertido en una droga al alza en Estados Unidos y Europa. El mar y el bajo precio de los combustibles también tiene una importancia determinante. El coste de la gasolina y el gasóil abarata los viajes del narco y Ecuador dispone de cuatro grandes puertos con un potente tráfico de contenedores, fácilmente ‘contaminables’ con cocaína: Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas.

No es casualidad que en los últimos tiempos hayan sido acribillados por sicarios el candidato municipal de Esmeraldas Rider Sánchez o el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quienes se habían enfrentado a la inseguridad latente en sus ciudades. Finalmente, surte un efecto de atracción que la moneda de Ecuador sea el dólar americano, lo que facilita las operaciones de lavado. Como resultado, la droga sale y los ajustes de cuentas se suceden. Más aquí que en Colombia o Perú, donde, por cierto, una de las más recientes operaciones policiales se encontró con un enorme lote de conservas de espárragos con destino a Europa. En vez de agua, el producto iba bañado en coca líquida.