Interior amplía al 15 de septiembre el plazo para desalojar el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena

Diferente será para los guardias civiles que trabajan en las dependencias, que tendrán que convivir varias semanas con las obras de demolición, hasta que todos los servicios sean trasladados a nuevos espacios. De momento, la que ya está prestando servicio en otro lugar es la Unidad de Tráfico, que ayer abrió en un lugar cedido por el Ayuntamiento en el Parque de Seguridad, ubicado en la carretera de la Unión. Allí estará con la Policía Local y los Bomberos.

Además, desde el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno ya se llevan a cabo gestiones tanto con la Autoridad Portuaria como con la Armada para trasladar a Santa Lucía y a La Algameca, respectivamente, el Servicio Marítimo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.

Traslado al Antonio Arévalo

Además, hay conversaciones en marcha para obtener la cesión del antiguo colegio Antonio Arévalo, un centro ubicado en el barrio de San Ginés, donde irían las oficinas de la compañía y varias especialidades.

El delegado del Gobierno aseguró que sigue trabajando en el traslado de los servicios a otras dependencias y el Ministerio con los trámites para iniciar las obras «a la mayor brevedad posible». En el encuentro, el segundo entre ambas partes en lo que va de mes de agosto, también trascendió que el presupuesto de derribar las instalaciones y levantar unas nuevas, con espacio para todos las familias y los servicios, podría llegar a los 30 millones de euros. Eso sí, se trata de una cifra orientativa, ya que hasta que no esté finalizado el proyecto y licitado no se sabrá con exactitud.

En el acuartelamiento aún siguen viviendo familias, aunque ya en un número muy reducido. Según fuentes sindicales alrededor de una docena. En la reunión también estuvo presente José Antonio Moya, representante de la asociación profesional Jucil, mayoritaria entre los agentes del Cuerpo. Moya resaltó el drama humano que viven muchos de los afectados, «obligados a trabajar en medio de la incertidumbre por el futuro inmediato de los suyos y sin conocer aún cuáles serán las ayudas individuales previstas para superar esta emergencia».

También criticó «la escasa información que se nos ha ofrecido hasta este momento, tanto por parte de la propia Dirección General de la Guardia Civil como por la Administración central». Solo, admitió, el Ayuntamiento de Cartagena ha mostrado interés por resolver el problema que se ha planteado para estas 86 familias, «pero aún estamos a la espera de que el director general de la Guardia Civil nos reciba, y eso que se lo pedimos con urgencia hace ya más de un mes» recordó Moya.

Los edificios de la casa cuartel de la Guardia Civil, que datan de 1965, se ven afectados por graves daños estructurales como consecuencia de las características del suelo que los alberga, la calidad de los materiales de construcción y también la falta de mantenimiento. Hace un mes, arquitectos de la Secretaría de Estado de Seguridad realizaron catas en las cubiertas de los edificios y determinaron que había un alto riesgo de derrumbe, por lo que pidieron el desalojo de todos los edificios.