El Gobierno propone revisar las licencias de armas bajo una «perspectiva de género»

El Gobierno propone revisar las licencias de armas bajo una «perspectiva de género»

El Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad volvió a reunirse este lunes ante la nueva concentración de casos de asesinatos machistas. El cónclave entre las representantes de las Comunidades Autónomas, la Fiscalía y los despachos de Interior y Justicia analizó, encabezada por la ministra Irene Montero, los casos mortales ocurridos en agosto. Este mes han sido asesinadas siete mujeres, y diez menores han quedado huérfanos. Y se confirma la muerte de otras dos, en Sevilla y Jaén, en lo que va de septiembre.

Tras la reunión, la delegada de Violencia de Género, Victoria Rosell, dio especial relevancia a un dato, el de las armas de fuego utilizadas en estos crímenes. De los 42 casos confirmados en 2023 han sido seis los hombres que han utilizado este tipo de armamento para acabar con la vida de sus parejas o ex. Desde 2003, son 153, de un total de 1.224. El año con más asesinatos con pistolas o escopetas fue 2003, con 13.

Este 12,5% de casos en que la ejecución ha sido con un arma de fuego lleva al Gobierno a proponer la revisión de todas las licencias de armas concedidas en territorio español. «Debemos poner una especial mirada en los casos en que hay tenencia de armas. Debe haber una revisión con perspectiva de género de las licencias de armas, porque las estadísticas son preocupantes en nuestro país», aseguró la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez.

No obstante, Rodríguez no quiso dar más datos de esta «mirada feminista» a la tenencia de armas, entre las que puede incluirse las de caza y las reglamentarias, y que se puso sobre la mesa ayer en dicho comité porque en uno de los casos de este mes el asesino era miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Hoy vamos a quedarnos en que necesitamos que se revisen las licencias de armas para que tengan una mirada más feminista. Tenemos que trabajarlo con el Ministerio del Interior y con esta información es suficiente», añadió Rodríguez.

En cuanto a los asesinos, todos, excepto uno, mantenían una relación sentimental con la mujer. Tres estaban casados y otros tres eran pareja de hecho. Uno actuó contra su ex. Tres de ellos se suicidaron después. Sin embargo, no ha sido éste el agosto más sangriento del histórico. Según Rosell en 2006 hubo nueve asesinadas, y en otros cuatro años, ocho. De las siete víctimas mortales de agosto, solo una había interpuesto denuncia, en Córdoba.


Rodríguez, Montero y Rosell, en el Comité de Crisis este lunes.


S. Sánchez


Al analizar estos casos, se han detectado «nuevos factores de riesgo que no son considerados», mantuvo Rodríguez, como, por ejemplo, el «acompañamiento de las instituciones» en situaciones puntuales como «la recogida de enseres, cuando la víctima se está mudando o abandona el domicilio», expuso Rodríguez. En agosto hubo dos casos en que los hechos ocurrieron en este momento.

Servicios sociales

La «mirada de género» aplicable a las armas de fuego también debería impregnar a los servicios sociales, según Igualdad, y las propuestas discutidas ayer giraron en torno a la idea de transformar estos recursos públicos para involucrarlos de manera directa en la lucha contra la violencia de género. «La intervención social parece separada de la violencia de género. Los servicios especializados se deben dar la mano con otros servicios, como el policial y el judicial», propuso Rodríguez.

La atención médica específica de salud mental o enfermedades crónicas son dos de esas áreas. Entre las asesinadas «hay tres casos de mujeres en tratamiento de salud mental muy grave, como depresión severa, intentos de suicidio y atención psiquiátrica. Los servicios de atención psicológica deben tener servicios especializados para las víctimas de violencia de género», dijo Rodríguez. «La mirada feminista debe estar en los servicios de salud mental también».

La edad es otro factor detectado en el Comité de Crisis, como «una mujer de más de 90 años. Hay que evaluar los recursos de nuestro país que no permiten que usuarias de avanzada edad tengan acceso a los recursos específicos para ellas, que tienen características especiales. Lo mismo sucede con otras enfermedades, como el de una mujer con alzhéimer. El que se acerque a una mujer vulnerable debe saber si está expuesta a la violencia de género». Otro frente es el de «las mujeres que consumen estupefacientes».

Ahora bien, reconocen en Igualdad que las medidas que se han expuesto en el comité deben ser implementadas por cada Comunidad Autónoma. Este es el quinto Comité de Crisis que se celebra, desde 2022, cuando se implementó. El anterior se celebró hace un mes. En esa ocasión Rosell había denunciado el silencio «cómplice y encubridor» del entorno.

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