Los sindicatos expresaron este martes su rechazo hacia el punto 25 del acuerdo programático entre PP y Vox, que establece la modificación de la Ley de Participación Institucional «para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos».
Según el nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, firmante del acuerdo con su homólogo del PP, Joaquín Segado, se acabaría así con las ayudas directas a patronales y sindicatos, tal y como su partido ha promovido en otras regiones donde igualmente gobierna en coalición con los populares. Y dijo que estas organizaciones cobrarán por servicios prestados a la Comunidad Autónoma en concurrencia con otras instituciones, en referencia a la impartición de cursos de formación.
En un comunicado, Comisiones Obreras (CC OO) pidió «una explicación pormenorizada» de este punto y recordó que «la compensación económica que perciben los agentes sociales de la Región de Murcia no la reciben con carácter finalista, sino que es consecuencia de su participación en las distintas mesas de negociación y comisiones de seguimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno de la Región de Murcia y los agentes sociales más representativos, como son la Estrategia de Empleo de Calidad, Estrategia de Salud Laboral, Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, o como el Pacto sobre Economía Sumergida o la Mesa de ETTs que se están negociando en la actualidad».
La organización subrayó que «la labor sindical viene recogida dentro de los derechos fundamentales que confiere la Constitución Española y la LOLS (Ley Orgánica de Libertad Sindical) a las centrales sindicales más representativas de este país y de esta región junto a las asociaciones empresariales» y espera que «este punto del acuerdo responda realmente a un gesto de responsabilidad y no a un ejercicio de marketing político que busque manchar la imagen del trabajo que realizan los agentes sociales», cuya desaparición «supondría un retroceso en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía».
Por su parte, UGT aclaró que las «subvenciones» a las que hace referencia el documento son «compensaciones al trabajo llevado a cabo en el ámbito del diálogo social y la negociación colectiva y a las tareas de representación y defensa de los intereses de las personas trabajadoras que ejercemos».
La organización aseguró que esas ayudas «además de no llegar a cubrir el coste que tal participación ocasiona al Sindicato -y que completamos con recursos propios- las compensaciones reconocidas, tienen una adscripción finalista y están supeditadas a su escrupulosa justificación y sometidas a su debida verificación y control por parte de la Administración regional».
UGT lamentó que con ese punto del documento «se pueda querer poner en duda la labor que las organizaciones sindicales llevamos a cabo» y expresó su confianza en que «este acuerdo no anticipe, en ningún caso, retrocesos en las mejoras conseguidas desde el Diálogo Social para empresas y personas trabajadoras».
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