Por primera vez, un juez aplica la histórica ley que reconoce los derechos y la personalidad jurídica del Mar Menor. Lo hizo el pasado 31 de agosto el magistrado Raúl Sánchez Conesa, titular del juzgado de instrucción número 4 de Cartagena, en una providencia en la que convoca al Comité de Representantes de la laguna (y a otras organizaciones ambientales y órganos de la Administración) para que se personen en el caso que investiga la contaminación de residuos mineros producida por la balsa Jenny y el vertedero Los Blancos.
«Al amparo de lo previsto en la ley 19/2022 de 30 de septiembre, a fin de salvaguardar los derechos del Mar Menor que se hayan podido ver afectados por la actuación de las investigadas, hágase ofrecimiento de acciones, conforme a lo previsto en los artículos 109 y 110 de la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) a la entidad con personalidad jurídica del Mar Menor, a través de su Comité de Representantes previsto en el artículo 3 de la citada ley», señala el juez en un escrito al que ha tenido acceso LA VERDAD.
Sin embargo, el Comité de Representantes del Mar Menor no podrá personarse en este caso sencillamente porque aún no existe. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sacó a información pública el pasado 31 de marzo el Reglamento que desarrolla la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor, pero aún no se ha aprobado. La ministra Teresa Ribera se comprometió recientemente a que el Reglamento se aprobaría en el primer consejo de ministros posterior a la constitución del nuevo Gobierno, en el caso de que el Ejecutivo de la nación continuase liderado por el PSOE.
El Comité de Representantes del Mar Menor no podrá personarse porque aún no existe; el Reglamento de la ley no está aprobado todavía en Consejo de Ministros
La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió más de 600.000 firmas para que el Mar Menor tuviera derechos propios gracias a una ley que ha roto moldes jurídicos en Europa recibió ayer con gran satisfacción este auto judicial, aunque también con cierta sorpresa porque aún no está formado el Comité de Representantes convocado por el magistrado Raúl Sánchez Conesa.
«En cualquier caso, es muy importante que un juez tenga la iniciativa de aplicar la ley de personalidad jurídica del Mar Menor, que es la ley más rompedora y moderna de Europa», afirma a este diario Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la UMU y principal impulsora de la ILP.
El Comité de Representantes es uno de los tres órganos que componen la Tutoría del Mar Menor (los otros dos son la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico). Estará formado por tres representantes de la Administración del Estado, otros tres de la Comunidad Autónoma y siete miembros de la Comisión Promotora de la ILP, en representación de la ciudadanía. Estos últimos se renovarán en dos fases (tres de ellos en 2026 y cuatro en 2027).
La balsa Jenny, en Llano del Beal (Cartagena), es uno de los principales focos contaminantes de la Sierra Minera. Está situada a pocos metros de algunas viviendas de esta población y es el origen de la contaminación por metales pesados del suelo, los acuíferos y el propio Mar Menor, además de las partículas esparcidas por vía aérea. La Comunidad Autónoma aceptó la cesión de los terrenos para su descontaminación en un proceso que Ecologistas en Acción considera irregular porque entiende que la obligación de restaurarlos ambientalmente corresponde al titular de la explotación minera abandonada, Portmán Golf.
Diferentes informes, entre ellos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), cuestionan los trabajos de sellado y descontaminación puestos en marcha por la Comunidad Autónoma y el juzgado número 4 de Cartagena investiga posibles irregularidades en un caso al que ahora (con la instrucción casi terminada) ha invitado a personarse al Comité de Representantes del Mar Menor, ANSE, Greenpeace, SOS Mar Menor y los ocho ayuntamientos de la cuenca vertiente (Cartagena, San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, La Unión, Murcia y Torre Pacheco).
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