La Fiscalía del Constitucional se opone al recuento de 30.000 votos que pide el PSOE

Crespo explica en su escrito que los razonamientos de su posición ya los expuso la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia, ya que «se ajustan a la doctrina que emana de la jurisprudencia constitucional». Considera que «los votos declarados nulos y no prestados» no es motivo suficiente para considerar que se ha vulnerado los derechos electorales de la parte recurrente.

El PSOE apeló al TC precisamente en defensa de su derecho fundamental de sufragio pasivo y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Cabe reseñar que la postura de la Fiscalía del Constitucional difiere de la mantenida por sus colegas del Supremo, que sí respaldaron en su día el recurso del PSOE aunque luego resultó desestimado en sentencia.

En su escrito de 21 páginas, el fiscal jefe del TC responde respecto al derecho de acceso a cargo representativo que la petición de los demandantes «carece del más mínimo desarrollo argumental y, lo que resulta más determinante, del más mínimo sustento fáctico y probatorio».

Del mismo modo, la Sala Segunda del Constitucional, compuesta por seis magistrados, se reunirá a las 9.00 horas del martes con carácter urgente para decidir sobre el fondo del asunto. Lo hará con todos sus integrantes, después de que este lunes haya rechazado por unanimidad la petición del PP de apartar del asunto a la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa.

Según ha informado la corte de garantías, todos los magistrados de la Sala Segunda – cuatro progresistas y dos conservadores- han acordado mantener a Díez, al considerar que los hechos alegados carecen de relación con el caso y no son susceptibles de integrar la causa de recusación invocada por el PP, esto es, tener interés directo o indirecto en el asunto.

Cabe recordar que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo pidió que se apartara a Laura Díez porque «fue alto cargo del Gobierno del PSOE, trabajando a las órdenes directas de Carmen Calvo y Félix Bolaños», lo que, a su juicio, supondría una «ausencia de apariencia de imparcialidad».

División en bloques

Respecto a la deliberación de mañana, se espera que la Sala Segunda vuelva a dividirse en bloques, ya que los dos magistrados conservadores que la integran, César Tolosa y Enrique Arnaldo, se mostraron en contra de admitir a trámite el recurso socialista. En un voto particular, Arnaldo defendió que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) «no reconoce un supuesto derecho general e incondicionado a la revisión de los votos nulos no protestados en el acto del escrutinio general».

En la misma línea, otras voces de la corte de garantías entienden que la LOREG no permite realizar recuentos sin que haya indicios de irregularidades. Además, avisan de que, si finalmente el TC accede a la petición del PSOE, se sentará un peligroso precedente, ya que abrirá la puerta a que cualquier parte pueda pedir recuento cuando esté disconforme con el resultado electoral.

Las papeletas nulas permitieron proclamar al dirigente del PP Carlos García Adanero como diputado electo, «cercenando» así la posibilidad de que el socialista Javier Rodríguez Palacios se hiciera con el escaño, según alega el PSOE. De conseguir el escaño 122 (la diferencia con el PP en Madrid fue de apenas 1.200 votos), el PSOE tendría más fácil una hipotética investidura de Pedro Sánchez porque ya no necesitaría el voto a favor de Junts, sino que le bastaría con una abstención del partido de Carles Puigdemont.

Entre sus argumentos, los socialistas insistieron en que el Constitucional ya había aprobado en 2015 un recuento de votos en Badajoz por un margen incluso menor al que denuncian de las elecciones del pasado 23 de julio. Sin embargo, fuentes del TC indican que se trató de una circunstancia diferente que no puede compararse con el presente caso por lo que, subrayan, no hay doctrina al respecto.