Rebajan de 15 a 14 años la pena a un miembro de La Manada beneficiado por el ‘sí es sí’

Desde Igualdad, el departamento de Irene Montero, lo bautizaron como el «Código Penal de La Manada». El mismo que se aplicó contra los castigados por la violación grupal de Sanfermines . El caso que sirvió al Tribunal Supremo para reforzar su doctrina respecto al consentimiento y endurecer la pena a los cinco acusados, de nueve a 15 años de años de cárcel, al pasar de abuso sexual a un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas.

De poco sirvió esta sentencia firme del alto tribunal, adoptada por unanimidad de sus magistrados y que respaldó de forma parcial el recurso de la Fiscalía. Porque para los hacedores de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual 10/2022, también conocida como ley del ‘solo sí es sí’, era necesario enmendar el anterior Código Penal, «el de La Manada», y modificar el cuadro penológico.

Fue la ley estrella de Igualdad y la bandera normativa de Podemos e hizo caso omiso a las advertencias de los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre la previsible rebaja de penas que supondría en caso de revisión de sentencias por ser más favorable al reo. El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la norma, que entró en vigor en octubre de 2022. Desde entonces, los tribunales han reducido los castigos a 1.155 condenados por delitos sexuales y 117 han sido excarcelados tras cumplir la pena.

En este contexto, este martes Ángel Boza, el menor de La Manada de Sanfermines, también ha visto como su libertad condicional está un poco más cerca. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra sostiene que la condena debe reducirse puesto que el propio Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, «próxima» o «cercana» al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó «sensiblemente».

Así, según explica la Sala, la pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende un año y tres meses, pasando de 14 años, tres meses y un día a 13 años. «En consecuencia, los 15 años de prisión impuestos quedan dos años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible, pero que, a juicio de la mayoría de esta Sala, ya no cumple el parámetro fijado por el Supremo en su sentencia«, argumenta.

La resolución ha sido adoptada por los magistrados Joaquín Galve, presidente del TSJN y ponente de la misma, y Francisco Javier Fernández. La tercera integrante de la Sala, la magistrada Esther Erice, ha formulado un voto particular en el que aboga por desestimar la revisión de condena.

Las acusaciones, en contra de la rebaja

Esta división, no obstante, revoca la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que rechazó el pasado febrero la solicitud de revisión planteada por la defensa de este condenado. Su abogado reclamó que la pena de 15 años se rebajara a 13 años y nueve meses. Contra esa denegación interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, ahora resuelto. Todas las acusaciones, la fiscal, la denunciante, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, solicitaron su desestimación.

En la resolución judicial conocida este martes, los dos magistrados explican que la reforma operada en la citada ley «es más favorable» para el condenado al haber rebajado sensiblemente la mencionada Ley Orgánica la pena mínima correspondiente al delito cometido. De este modo, consideran «razonable conforme con la legalidad, respetuoso con las reglas legales básicas de determinación de la pena y acomodado a los criterios de proporcionalidad» suministrados por el propio Supremo en la sentencia que se revisa, rebajar la pena impuesta de 15 años de prisión a 14 años de prisión.

Sobre la procedencia de la revisión de penas, los magistrados añaden que la jurisprudencia ha venido considerando menos gravosas o más favorables o beneficiosas las nuevas penas que, aun manteniendo el límite superior de la horquilla aplicable, reducen el umbral o límite inferior de su extensión temporal. Algo que ocurre con la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, «que es más favorable o beneficiosa para el reo que la resultante de la legalidad derogada por ella«.

La magistrada Esther Erice ha discrepado de sus compañeros en un voto particular. Señala que, «según lo expuesto por el Supremo, la pena imponible resultante de la operación de revisión no puede determinarse atendiendo a meros criterios de proporcionalidad aritmética. Tampoco puede ser valorada absolutamente en abstracto, sino en concreto, es decir, refiriéndose a la pena que resulta imponible en el caso enjuiciado, bajo un criterio de consideración de todos los elementos concurrentes y teniendo en cuenta el criterio individualizador fijado por el Tribunal sentenciador en la resolución judicial«.