Tribunal de Cuentas y Fiscalía desestiman las denuncias contra el PP de Murcia por el uso de 16 millones de los convenios de la zona norte

«Se ha producido una desestimación fulminante tanto por parte del Tribunal de Cuentas como, días antes, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia», anunció ayer la vicealcaldesa y portavoz del ejecutivo municipal, la popular Rebeca Pérez, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

«El fallo dice explícitamente ‘la inexistencia de daño a los caudales públicos del Ayuntamiento’ de Murcia y que no se ha acreditado en la denuncia que ese dinero se destinara a una finalidad distinta de la legalmente prevista», apuntó el concejal de Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, al dar más datos sobre el fallo judicial.

Insistió el edil en que el archivo de la denuncia «da validez a los aprovechamientos de estos convenios, con cuyo dinero se han financiado, entre otras cuestiones, la aportación del Ayuntamiento al soterramiento de las vías del tren en el préstamo participativo a la Sociedad Murcia Alta Velocidad, para las obras del soterramiento de las vías del AVE; así como las obras incluidas en el Plan de Inversiones en Pedanías de 2018, por valor de 13 millones de euros». En ambos casos, a juicio del Ministerio Fiscal y del Tribunal de Cuentas, son «usos de interés social».

El Ministerio Fiscal en su informe realizado para esta causa señaló también que «no se puede concluir que se haya producido un perjuicio o menoscabo a los caudales públicos, ya que lo que se produce es un desplazamiento patrimonial en el seno de un ente público que destina unos gastos cuyo fin es esencialmente la financiación de actuaciones de vivienda pública y otros fines urbanísticos específicos, que entrarían dentro de lo que denomina el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a otros usos de interés social».

El fallo del Tribunal se produjo 22 días después de haber abierto el expediente: el día 6 de julio de este año el Ayuntamiento recibe la notificación de que el Tribunal iniciaba las diligencias tras recibir la denuncia; el 20 de julio pide al Consistorio que presente las alegaciones que estime oportunas y el 28 de ese mismo mes dicta la sentencia desestimatoria. Sin embargo, la comunicación no le ha llegado al Ayuntamiento hasta hace un par de días, según relató Muñoz.

Por lo que respecta a la Fiscalía Superior del TSJ, decretó el sobreseimiento, en marzo de 2023, de la denuncia presentada un mes antes por el partido político Podemos por el mismo asunto. El Ministerio Público descartó la existencia de responsabilidad penal.

El acuerdo para el uso de estos fondos tuvo lugar en el Pleno municipal que aprobó el 31 de mayo de 2018 los presupuestos de ese año, siendo alcalde José Ballesta, «sin ningún voto en contra» de los grupos de la oposición de entonces, y la ejecución de muchas de las obras previstas, «casi una por pedanía», se paralizaron tras la moción de censura del 21y a la espera de lo que determinaran los tribunales, recordaron los concejales populares.

Por último, José Francisco Muñoz lamentó que en las denuncias de ambos partidos se solicitara cárcel para los responsables políticos y que hicieran frente con su patrimonio personal al supuesto daño a las arcas municipales. «Todo fue un artilugio político porque la operación estaba avalada por los técnicos y la Intervención Municipal; y pedimos que en el futuro no se haga un uso indebido» de los tribunales, concluyó el edil de Gestión Económica.

El Grupo Municipal Socialista, a través de su concejal, Andrés Guerrero, indicó tras conocer la resolución judicial que «pretender que la decisión de la Fiscalía o del Tribunal de Cuentas valida la gestión del equipo de gobierno popular es un intento descarado de engañar una vez más a todos los murcianos».

En su opinión, la decisión del tribunal supone el archivo de la denuncia planteada por el Grupo Socialista respecto a una ampliación de crédito sin los preceptivos informes de Intervención, «debido a que los hechos denunciados no son suficientes para determinar la responsabilidad por alcance de quienes adoptaron dicha decisión». Los socialistas lamentaron «que el PP recurra a la desinformación y a la manipulación de la verdad para intentar encubrir su pésima gestión» con los convenios urbanísticos de la zona norte.

Por último, recordaron que hasta el día de hoy, esta gestión ha causado «un perjuicio directo» a las arcas municipales en el último año de más de 23 millones de euros por el convenio de Mamusa; y que quedan otras pendientes: elconvenio del Teatro Circo, donde se reclaman unos 14 millones y el de Fadesa, donde la reclamación supera los 40 millones.

«Bandera Política»

No lo vio igual el Grupo Municipal Popular, que insistió en que se trataba de un auto «contundente y exculpatorio», y que por tanto, descartaba «la responsabilidad contable» del equipo de gobierno que entonces presidía José Ballesta.

«El PSOE de José Antonio Serrano y Enrique Lorca hizo bandera política de esta denuncia, utilizándola para tratar de dañar y desprestigiar» al equipo de Ballesta, dijo la portavoz del Grupo, Mercedes Bernabé, por lo que, dijo, debían «pedir perdón». Añadió que «los socialistas llegaron a pedir responsabilidades patrimoniales contra concejales del PP y utilizaron la excusa de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas para paralizar los proyectos importantes en pedanías».

Respecto a la denuncia de Podemos en la Fiscalía del TSJ de Murcia, Bernabé destacó que lleva archivada desde el pasado 6 de marzo. «Este partido, que anunció a bombo y platillo su presentación, ha estado seis meses callado conociendo su archivo, lo mismo que hizo Lorca cuando se desestimó su denuncia contra el contrato de Parques y Jardines».