La Justicia murciana vuelve a levantar la persiana tras las vacaciones de verano y lo hace con uno de los casos que más revuelo han levantado en la Región en las últimas décadas. La Audiencia Provincial tiene previsto iniciar este lunes el macrojuicio contra la supuesta mafia que anidó, hace ya cerca de una década, en un grupo de agentes del grupo de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia.
Durante cuatro meses y más de medio centenar de sesiones, el tribunal buceará en un trama que estalló a finales de 2014 cuando el departamento de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía asestó un sorpresivo golpe a la cúpula de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Murcia. Lo hizo con la detención del máximo responsable de la Brigada Provincial de Estupefacientes de la Policía Judicial, Juan José Ll. C. Durante meses, los investigadores indagaron en la relación que este veterano agente mantenía con un supuesto delincuente de origen dominicano, Nelson M. N., alias ‘Willy’, que, al parecer, actuaba como soplón.
Esas pesquisas destaparon una supuesta trama de corrupción policial que llegará hoy a juicio con hasta 17 procesados y una petición por parte de la Fiscalía de más de 375 años de prisión. Solo el exinspector Juan José Ll. C., que durante años estuvo al frente de los ‘estupas’, encara penas de prisión que suman dos décadas de cárcel por supuestos delitos contra la salud pública, cohecho, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
El Ministerio Público subraya que la relación que este profesional estableció con el confidente derivó en un «consorcio criminal que se mantuvo durante años». Y reclama que se le inhabilite durante 18 años para cualquier empleo público u oficio que tenga que ver con la seguridad.
En el banquillo le acompañará, además, quien fue su predecesor en el cargo, el inspector Francisco M.; y dos policías que en ese momento desempeñaban su labor en la comisaría de distrito del Carmen, Manuel A.S. e Ismael S.R. La Fiscalía pide para el primero 16 años y diez meses de cárcel y otros 15 de inhabilitación para empleo y cargo público, y penas de entre 21 y 19 años de cárcel para los otros dos.
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