El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, planteó ayer dudas sobre la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, que debería entrar en vigor en enero de 2024. Esa medida, que afecta a 60.000 funcionarios de la Administración autonómica, depende de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad, que el presidente López Miras le encargó el mismo día de su toma de posesión que sacara adelante «de manera inmediata». Sin embargo, Marín cree que «igual no es posible llevar a cabo esta medida ni otras como la actualización de los salarios de los funcionarios o convenios con organizaciones del tercer sector».
A día de hoy, la Consejería «está muy preocupada» porque desconoce el dato de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico, una información que el Ministerio de Hacienda debió haber trasladado a la Región de Murcia en el mes de julio, según Marín, pero que aún no ha llegado. Sin ese dato, el consejero asegura que sólo puede hacer «estimaciones», y si no llega, podría afectar a la aprobación de los Presupuestos, cuyo proyecto quiere tener listo a finales de año.
Sin la información del Ministerio habría que prorrogar las cuentas de este año, que no contemplan el incremento de 130 millones, que es lo que costaría la implantación de las 35 horas.
«El Gobierno lleva meses trabajando con la firme intención de tener un proyecto de las cuentas antes de que acabe el año»
«Este año no está en mis manos el Presupuesto», dijo en una entrevista en Onda Regional, citando como motivos fundamentales, en primer lugar, las fechas en las que estamos y, en segundo, el hecho de que a estas alturas se desconoce el dato de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.
«Yo puedo tener la mejor voluntad del mundo y tener el mejor equipo del mundo, que lo tengo, pero si no tengo ese dato solamente puedo hacer estimaciones, que ya están hechas», dijo. Marín entiende que un Gobierno central en funciones debería trasladar a las comunidades el dato de las entregas a cuenta, independientemente de que decida prorrogar los Presupuestos al estar en el aire la formación del nuevo Ejecutivo. Según explicó, la prórroga de los Presupuestos del Estado no está concatenada a la prórroga de las cuentas autonómicas y, por eso, el Ministerio debería dar las entregas a cuentas para que los territorios decidan si prorrogan el suyo o no.
Marín insistió en que prorrogar las cuentas significa «contar con el mismo presupuesto que el año anterior» y con el mismo dinero de 2023 no se pueden asumir compromisos como el de las 35 horas porque «supone un incremento del gasto que hay que incorporar al Presupuesto», pero si se prorroga «incluye la misma previsión de gasto de este año».
«La Consejería está muy preocupada en poder hacer los Presupuestos en tiempo y forma, pero eso ahora mismo depende de la ministra de Hacienda», concluyó Marín. El hombre al que el presidente López Miras ha encargado llevar el timón de la economía regional en un contexto de crisis, con la inflación y los tipos de interés disparados, asegura que en estos momentos, no está en sus manos sacar los Presupuestos.
Varios escenarios
Desde la Consejería explican a LA VERDAD que «a día de hoy el principal inconveniente para seguir avanzando en la elaboración del proyecto de Presupuestos es la falta de información por parte del Ministerio de Hacienda en aspectos esenciales como son las entregas a cuenta o el límite de gasto». Además señalan que la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos ha estado trabajando, durante los periodos electorales y el proceso de formación de gobierno, en prever diferentes escenarios, y desde la semana pasada, «en adaptar la orden de elaboración de Presupuestos a la estructura del nuevo Gobierno». Su intención es tener el proyecto «antes de que acabe el año». «Ese es el encargo del presidente Fernando López Miras y es el objetivo en el que, por responsabilidad, llevamos meses trabajando».
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Antelo: «Hay que sacar a la Región de unos indicadores paupérrimos»
El vicepresidente y líder regional de Vox, José Ángel Antelo, señaló ayer que uno de sus objetivos inmediatos es la centralización de los servicios de emergencias, «sacando el 112 de su actual sede por encontrarse en zona inundable». Antelo visitó ayer el 112 poco después de conceder una entrevista en la televisión pública regional, donde habló de algunos de los «grandes retos» de la legislatura. «Uno de ellos, por ejemplo, es sacar a la Región de Murcia de unos indicadores que son realmente paupérrimos y ponernos a la cabeza. Tenemos un gran déficit en infraestructuras. Es verdad que la situación económica de la Región es muy complicada con una deuda muy abultada. Habrá que buscar la colaboración público-privada para hacer esas infraestructuras tan necesarias desde la Consejería de Fomento», añadió. Antelo dijo estar a la expectativa de que ver cómo encajan esas necesidades con los Presupuestos que está elaborando el consejero Marín. La vicepresidencia de Antelo contará con tres direcciones generales.
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