Giro histórico y de 180 grados de la Fiscalía respecto a los crímenes del franquismo. El Ministerio Público, en una decisión que puede marcar una nueva línea contra la impunidad, acaba de apoyar por primera vez desde la instauración de la democracia la apertura de una causa para investigar una denuncia contra las prácticas policiales durante la dictadura.
La nueva fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha corregido la negativa de una fiscal de Barcelona a apoyar la querella de un torturado en una comisaría de la capital catalana de Vía Laietana. Y, en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre de 2022, ha pedido que se abran diligencias para aclarar los malos tratos que sufrió el militante del PSUC Carles Vallejo a manos de policías franquistas.
El pasado mes de junio, en una decisión que no fue entendida en buena parte de la carrera fiscal tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática hace menos de un año, la fiscal barcelonesa había reclamado a la juez archivar esta denuncia con los mismos argumentos con los que se vienen topando durante las últimas cuatro décadas las víctimas del franquismo: que las presuntas torturas no son perseguibles tras las ley de amnistía de 1977.
En el informe presentado ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, el Ministerio Público apoya la admisión a trámite de la querella que el militante socialista y sindicalista presentó contra seis policías franquistas por las torturas que asegura que sufrió en 1971 durante los 20 días que estuvo detenido en las dependencias de Vía Laietana.
Según la Fiscalía General del Estado este cambio de criterio está impuesto por la nueva Ley de Memoria Democrática, que, según el Ministerio Público, «impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos ocurridas durante la Guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco».
«Con este nuevo marco normativo y el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional y de los tratados y convenios internacionales, la Fiscalía concluye que no procede la inadmisión de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento», señaló en una nota el departamento que dirige Álvaro García Ortiz.
El Ministerio Fiscal recuerda en su informe la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, puesto que son «principios articuladores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como de la propia Ley de Memoria Democrática».
Versos de Alberti
Vallejo fue detenido el 17 de diciembre de 1971cuando salía de su casa el popular bario de Poblenou de la ciudad condal por ser un destcado sindicalista de Comisiones Obreras en Seat. En su mochila se encontró un poema de Rafael Alberti dedicado a los activistas de ETA condenados a muerte en el ‘proceso de Burgos’. Fue torturado durante casi tres semanas por la Policía y, posteriormente, condenado por «propaganda ilegal»
Vallejo, que actualmente preside la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, tras la entrada en vigor el pasado año de la nueva Ley de Memoria Democrática se querelló contra los policías que le torturaron dentro de una campaña que, entre otros objetivos, buscar conseguir el edificio de Vía Laeitana, que actualmente acoge a la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona, se transforme en un espacio de memoria.
La querella se presentó en noviembre de 2022 de la mano de Irídia y Òmnium Cultural, entre otras entidades, e identifica a seis policías por las supuestas torturas a Vallejo, que fue detenido dos veces y procesado tres veces por su actividad política y sindical.
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