Las discotecas de la tragedia no tenían licencia y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde 2022

Mientras, desde entonces, y prácticamente durante un año, ambos establecimientos han continuado funcionando con una aparente normalidad. Era notorio que Teatre tenía fiestas periódicas en sus redes sociales; también que la Fonda mantenía un horario regular de apertura, pero no se tomó medida alguna para su cierre, más allá de la orden del servicio de Inspección que fue ignorada. «El problema es que no se produjeron denuncias posteriormente que nos informaran de esta situación; de hecho, ni se notificó ninguna otra incidencia», comentaba el anterior concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, tras la rueda de prensa ofrecida en el Consistorio este lunes.

Precisamente, Guerrero había comparecido instantes antes junto al actual responsable del departamento, el popular Antonio Navarro Corchón, para informar de la situación administrativa de ambos locales, intentando transmitir una imagen de unidad en relación a una situación irregular que se ha producido a caballo entre ambos mandatos. Aunque evitaron hacerlo de una manera explícita, los motivos argumentados por ambos en relación al incumplimiento en dicha orden dan la sensación de apuntar a una descarga de responsabilidad, –«si la hubiera y caiga quien caiga», remarcó Navarro Corchón– en los funcionarios municipales.

Decreto del Ayuntamiento de Murcia sobre el cese de la actividad de la empresa Teatre Murcia S.L.

Lo cierto es que Teatre, el único local que existía oficialmente para la Administración local, funcionó con más de una década con una licencia para discoteca y cocina concedida en diciembre de 2008, la cual se intentó emplear para dar cobertura a la división del local en dos, dando lugar a la creación de Fonda Milagros, que es la situación en la que funcionaba dicha nave en el momento de la tragedia. No aceptaron los servicios municipales dicha solicitud, al entender que se producía una modificación sustancial de los términos en los que la licencia fue concedida, la cual exigía la tramitación de un nuevo expediente, y dictaron el 10 de enero de 2022 –con la firma del edil Guerrero– una orden de cese de actividad, que fue recurrida por la propiedad, Teatre S.L. Este recurso fue rechazado, según fuentes municipales el 23 de febrero de 2022. Ante dicha respuesta, la empresa incluso presentó en marzo un proyecto de legalización que sigue sin resolverse a fecha de hoy, tras los trágicos acontecimientos de este domingo.

Entre medias, en octubre de 2022, e independientemente del proceso de legalización, Guerrero requiririó nuevamente, tras un expediente instruido por el Servicio de Actividades, que se ejecutará el cierre de ambos establecimientos, cuestión de la que se dio traslado al Servicio de Inspección municipal. Incluso, confirma Navarro Corchón que «hay un acta de un inspector, en cumplimiento del requerimiento del anterior concejal», que no dio lugar al citado precinto, «y eso es lo que estamos indagando». Nadie lo ejecutó. «Puede que el inspector vaya a una hora y el local –que funciona los fines de semana y en horario nocturno y fuera de la jornada laboral habitual– esté cerrado», señalaba Guerrero. Deja esta circunstancia la sensación de que los protocolos municipales tampoco se corresponden con lo que demanda la realidad de la calle.

«Actuamos con transparencia, se va a abrir una investigación interna y se van a depurar responsabilidades cueste lo que cueste», insistía el actual edil de Urbanismo, añadiendo que el Consistorio se presentará como acusación en el proceso penal que se pueda abrir eventualmente, ante las responsabilidades que puedan derivarse. No quisieron ambos pronunciarse en relación a si la Fonda Milagros y Teatre cumplían las medidas de seguridad exigidas, ya que según indican, «lo que procedía no era atender a estas comprobaciones sino acometer el cierre». Otra nueva disonancia entre realidad administrativa y mundana que, precisamente, es casi imposible de entender a pie de calle.