Investigación a fondo

Investigación a fondo

El dolor y la consternación por la muerte de trece personas dio paso ayer a una ola de indignación al conocerse que las dos discotecas de Atalayas carecían de licencia desde hace año y medio. Es más, hace doce meses, el anterior concejal de Urbanismo había dictado una orden de ejecución del cese de actividad, un precinto que, por razones que deben aclararse cuanto antes, no se llevó a cabo por el servicio de inspección del Ayuntamiento. Es obvio señalar que estas muertes no se habrían producido si las dos discotecas hubieran sido cerradas, pero es así y eso añade una especial gravedad a esta tragedia. La justificación del anterior concejal de que no medió denuncia a partir de octubre de 2022 es poco convincente, pues era notorio, por la publicidad y la afluencia de público, que Teatre y La Fonda estaban funcionando. Tiene razón cuando dice que la principal responsabilidad recae en quien hizo caso omiso al Ayuntamiento, extremo que probablemente se dilucidará en los tribunales. Pero ya cabe concluir que alguien en la administración local no hizo su trabajo. El alcalde Ballesta actuó bien al asegurar que la Corporación llegará al fondo del asunto, pese a quien pese, sin caer en la tentación de politizar una crisis que afecta al Ayuntamiento como institución. La imagen de eficacia, sin duda heroica, de los bomberos y servicios de emergencia que proyectó Murcia el domingo se ha visto empañada con esta revelación que deberá dilucidarse cuando avance la investigación judicial. En paralelo, el Ayuntamiento está obligado a hacer una revisión del estado del ocio nocturno y de los protocolos de actuación. Porque hoy la inquietante pregunta que se hacen muchos murcianos es cuántas discotecas y locales similares de la ciudad están abiertos sin licencia en vigor.

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