Cómo fue posible que las discotecas Fonda Milagros y Teatre de Murcia siguieran abriendo al público y celebrando notorias y multitudinarias fiestas, pese a no contar con la licencia para ello, era ayer la comidilla en el mundo de la abogacía de la Región de Murcia. Más si cabe cuando el Ayuntamiento había dictado una orden de cese de actividad que nunca ejecutó. «Es algo que todos nos estamos planteando estos días y comentando en el café», reconoce el letrado Sergio Marco, del bufete MMB Abogados. La conclusión a la hora de determinar el motivo es unánime: una inexplicable «dejadez» en la Administración local.
El letrado apunta que la orden de cese de actividad que recibió Teatre en enero de 2022, después de que el Ayuntamiento rechazara la modificación de la licencia para dividir la discoteca en dos, creando Fonda Milagros, debió haberse hecho cumplir de inmediato. Ni siquiera era necesario que el recurso que presentó la empresa se resolviera negativamente, como ocurrió al mes siguiente. «La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado», explica Marco, quien añade que, «solo en supuestos muy tasados es posible conceder una suspensión de la orden mientras se tramitan recursos». Con Teatre, ni siquiera fue el caso. La empresa no pidió la suspensión y aun así, el Ayuntamiento no actuó. «Incluso con una suspensión, el cierre no podría haber ido más allá de dos o tres meses, nunca se habría dilatado el cierre más de un año», añade el abogado especialista en derecho administrativo, José Manuel Muñoz.
«Si el propio obligado, que es la discoteca, no cumple la orden, evidentemente el funcionario tiene que dar parte a su jefe de la Policía Local», destaca Sergio Marco, que considera que «no es razonable ni normal que no se hubiera acordado la ejecución de la orden». «Los actos de la administración son inmediatamente ejecutivos, según establece la ley».
«Esto pasa en múltiples ámbitos administrativos, donde se dictan órdenes de cierre que nunca se llevan a cabo»
«La Administración es la responsable de que se cumplan sus propios actos», subraya José Manuel Muñoz. Para él, está claro que en el caso de Las Atalayas, «no estamos ante una desgracia inevitable, sino ante una omisión por parte del Ayuntamiento». Además, advierte de que el de Teatre y Fonda Milagros «no es un caso aislado». «Podemos decir que la Administración controla e incluso pone sanciones, pero al final, la actividad continúa como si nada. Esto ha ocurrido ahora en el Ayuntamiento de Murcia, pero acontece en otros múltiples ámbitos administrativos, donde se dictan órdenes de cierre que nunca se llevan a cabo: lo vemos en granjas de cerdos que funcionan sin licencia, pozos ilegales de agua que funcionan años y años sin que se clausuren, roturaciones ilegales que no se reponen al estado originario, etcétera».
Medios suficientes
La ley es clara. «Si no se actúa es porque no se quiere o porque no se puede», afirma Muñoz, que defiende que en el segundo supuesto, la Administración habría faltado a su obligación de dotarse de medios suficientes para hacer cumplir las regulaciones.
«Si la discoteca no cumple, evidentemente el funcionario tiene que dar parte a su jefe de la Policía Local para que la cierre»
Algunos agentes de la Policía Local de Murcia señalan en voz baja la ineficacia que a veces muestra la propia normativa, y señalan que tras precintar un establecimiento por una orden de cierre, los propietarios pueden romper los precintos y continuar con su actividad mientras se les abren diligencias por desobediencia a la Autoridad, dilatando los efectos de la orden durante largos periodos de tiempo. Añaden que si a esto se le suma falta de control, el plazo se puede extenderse indefinidamente. José Manuel Muñoz cree que ahora «habría que revisar todos los locales de ocio para controlar su idoneidad, e incluso revisar la propia ley». Pero sobre todo, espera que ahora se estudien todos los expedientes de Teatre que posea el Ayuntamiento, se recopilen los datos para determinar a través del control de móviles «cuántas personas había en la zona» aquella noche y se recojan «todas las comunicaciones internas de la Policía Local respecto a este establecimiento, que quedan registradas».
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