El rey emérito aguardaba con impaciencia a que la justicia británica se pronunciara sobre la causa abierta contra él por delitos de acoso y difamación a Corinna Larsen. Es, hoy, la última en la que don Juan Carlos se ve inmerso, tras liberarse el año pasado de la maraña de turbios asuntos económicos que estuvieron bajo la lupa del Tribunal Supremo. Sobre la decisión de la jueza Rowena Collins Rice, que este viernes rechazó la petición de la examiga íntima del emérito para que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales analice su denuncia contra Juan Carlos I, poniendo fin a tres años de litigios, los abogados de la empresaria aún tienen la opción de recurrir al máximo tribunal del Reino Unido. Pero la realidad es que la situación se ha puesto muy de cara para el padre de Felipe VI.
De ahí que, tras conocerse el fallo, un portavoz de don Juan Carlos emitiera un comunicado en el que se aseguraba que el emérito estaba muy satisfecho y que considera que «se ha hecho justicia». «La decisión de hoy establece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas», añade la nota. Ya lo fueron el archivo de las tres causas que se estudiaron en el alto tribunal español, y de seguir el mismo camino la que interpuso Corinna Larsen es muy probable que el emérito se replantee volver a instalarse en España, una vez que sus últimas apariciones ya no despiertan el interés público de su mediático primera visita a Sanxenxo.
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Para Corinna Larsen, la notificación judicial supuso un varapalo. No ocultó la empresaria su «decepción». «Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico. La intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan y tienen como objetivo destruirme», dejó escrito. Larsen presentó la denuncia en los tribunales británicos en octubre de 2020, donde acudió regularmente a las vistas en las que se han analizado cuestiones de procedimiento, pero esta sentencia que podría poner fin al caso fue entregada por correo electrónico. Larsen aumentaba su demanda con el paso del tiempo, hasta 126 millones de libras (146 millones de euros) de compensación que incluían, se justificaba, pérdidas de negocios y costes legales en Suiza y EE UU.
En su exposición, la jueza Collins Rice señala que los tribunales ingleses no tienen competencia para analizar la denuncia, porque negaría el principio establecido en la ley británica y comunitaria para que casos que implican a múltiples jurisdicciones se presenten en el país de residencia del denunciado. El primer juez del caso sí asumió la competencia. La ley de acoso británica avala el concepto de ‘curso de conducta’, pero demanda actos concretos en su territorio. Corinna Larsen, detalla la jueza, afirma que la mayoría de los actos tuvieron lugar en Inglaterra, pero ella no aclara dónde está su domicilio y describe actos supuestamente delictivos en España, Mónaco, Abu Dabi, Austria, Arabia Saudí, Suiza, Los Ángeles, Nueva York, Tahiti y Bahamas.
Inconsistencia
La sentencia sí reconoce que don Juan Carlos y su examante mantuvo encuentros y conversaciones telefónicas en Londres, pero que eso no prueba el acoso. Las modificaciones de la narración inicial en la que se basó la denuncia inicial de Corinna Larsen, según la jueza, carece de «claridad, coherencia y consistencia». De ahí que Rowena Collins Rice llega a la conclusión de que su caso sobre acoso y daños personales no tiene posibilidad de convencer a un tribunal de Inglaterra y Gales en base a la ley doméstica y a la jurisprudencia.
La magistrada justifica también su decisión señalando que Larsen ha intentado sortear la sentencia del Tribunal de Apelación, que anuló la inclusión de los supuestos delitos cometidos antes de la abdicación, por la inmunidad del jefe de Estado para ser juzgado en los tribunales de otro país. Para lograrlo, presentó al tribunal una explicación de sus relaciones financieras con don Juan Carlos, en particular su donación de 65 millones de euros.
Entre sus conclusiones, también asegura en la resolución que «la demandante tiene un relato que desea rendir de su historia personal y financiera con el demandado» y «sobre el daño que éste ha causado a su tranquilidad y bienestar personal, y a su vida empresarial, social y familiar». Y añade: «No tengo ninguna opinión sobre este asunto como tal. La única pregunta para mí ha sido si la demandante puede obligar al demandado a dar su versión de los hechos ante el Tribunal Superior. Mi conclusión, tal como están las cosas, es que no puede».
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Enlace de origen : La justicia británica da la razón al emérito en la demanda por acoso de Corinna Larsen