Un cruce de demandas enfrenta a la directiva de Adis con su expresidenta

Desde el año 2016, en el que se produjo un cambio en la directiva de Adis, los líos judiciales no han parado de sucederse en el seno de esta asociación, la más importante entre las que prestan atención a la discapacidad en la Vega Baja. Según ha podido saber LA VERDAD, un cruce de demandas mantiene enfrentados en los juzgados a los socios que rigen actualmente la institución con su expresidenta.

Los problemas tienen su origen el 12 de mayo de 2016. Ese día la expresidenta, Josefina Valero, presenta su dimisión «por problemas familiares», según asegura a este periódico, para, unos días más tarde, retractarse. Los entonces responsables, no solo no aceptan ese arrepentimiento, sino que le abren un expediente disciplinario para expulsarle como socia. El 3 de junio, la asamblea reunida no ratifica esa expulsión y, a partir de este punto, las versiones de las partes difieren. Por un lado, Valero acusa a las directivas posteriores de haber maniobrado para introducir nuevos socios «afines» en la asamblea que ratifiquen su expulsión e incluso modificando los estatutos para cambiar el sistema de elección de los cargos e impedirle volver a presentarse como candidata a presidenta. La otra parte, por contra, la acusa de tres delitos de administración desleal, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida durante el ejercicio del cargo.

Ambas causas se encuentran en este momento en puntos bien dispares. Por un lado, los recursos presentados por Valero han llegado hasta el Supremo, que ha ratificado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela en el que ordena a Adis convocar una asamblea en la que puedan ser elector y elegible todos aquellos que fueran socios antes de junio de 2016 y con los estatutos vigentes en ese momento, además de ratificar a Valero su condición de socia. Una sentencia firme y ante la que no cabe recurso.

Por el otro lado, la causa abierta por la actual dirección se encuentra en un estadio procesal mucho menos avanzado. Por el momento, según traslada a este periódico el representante legal de Adis, se ha ordenado la apertura de juicio oral y la Fiscalía, asegura, ha pedido para Valero siete años y seis meses de prisión y una multa de 35.123 euros por daños y prejuicios a la asociación en virtud de los presuntos delitos antes mencionados.

Valero califica de «falsas» todas las acusaciones y exige que se dé cumplimiento a la sentencia del Supremo para lo que ha presentado una demanda de ejecución que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela ya resolvió el pasado 20 de julio favorablemente.

Pago de cuotas

«Todos los miembros de la junta directiva no son socios en tanto que no pagaron su primera cuota antes de junio de 2016», insiste Valero que, además, manifiesta que la asociación, a resultas de todo lo acontecido, «desde el 25 de septiembre está fuera del registro de asociaciones de la Comunidad Valenciana».

La expresidenta, así, considera que todas las directivas a partir de 2016 son nulas. Un criterio que difiere diametralmente del de la defensa de la asociación. El abogado de esta manifiesta que el proceso contra Valero es de carácter penal y que la ley ya contempla que esta causa debe prevalecer sobre el procedimiento civil, ya que, entre otras cosas, en el penal se dirime si se la va a inhabilitar de su derecho a ser elegible a Valero. «Algo que afecta claramente al cumplimiento de la sentencia», asevera.

El letrado, asimismo, defiende que en la asamblea de 2016 no se eligió ningún cargo y que, si hubiera sido así, el mandato de estos caducó en 2019. En este sentido, expone que Valero no impugnó la directiva que salió a partir de ese año por lo que procede entender que ella la considera legítima.

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