El Ayuntamiento de Murcia se persona como acusación en la causa penal abierta por el incendio de Atalayas

Ballesta también puso el acento en que «los últimos responsables» eran esas sociedades mercantiles «de devenir borrascoso» que han cambiado en varias ocasiones de titular del negocio, y que incumplían la legalidad al no atender las órdenes de cierre.

El alcalde no respondió a si habrá responsabilidades políticas, en referencia a algún cese en el equipo de gobierno, manifestando que «esa pregunta no me la tiene que hacer a mí, quizá tenga que hacerla en otro lugar».

El alcalde, ante la publicación en LA VERDAD de informes sobre la investigación del incendio, dijo que «nosotros casi nos enteramos a la misma vez que se publican». Apuntó que el Ayuntamiento ha hecho, desde el principio, una gestión de la crisis «muy complicada», con 13 fallecidos, otros desaparecidos, atención psicológica a los familiares… Y que la gestión de la «post-crisis tampoco está siendo muy sencilla ni fácil, porque tiene muchas aristas».

Recordó que, apenas 24 horas después del incendio, el ejecutivo municipal explicó ante la opinión pública la situación administrativa de los locales (momento en el que también compareció el anterior concejal de Urbanismo, del PSOE); y que fueron «nuestros servicios jurídicos los que esa misma mañana se personaron en la Ciudad de la Justicia» para ofrecer toda la información que se tenía a la jueza instructora.

Ballesta también apuntó que el mismo lunes se abrió un expediente informativo, dirigido por la jefa del servicio de Urbanismo, «para juntar y conocer todos los expedientes que se realizaron en un periodo en el que nosotros no teníamos responsabilidades directas de gobierno» en el Ayuntamiento.

Desde entonces, recordó, se han revisado todos los expedientes de cierre o de locales sin licencia «y se ha estado actuando sobre ellos». Y se ha abierto un protocolo de actuación en materia de concesión de licencias de actividades «para darles más trazabilidad, seguridad y agilidad».

Atención social

El alcalde de Murcia destacó que todo esto se ha realizado mientras simultáneamente se mantenía la atención psicosocial a los familiares de los fallecidos, con la ayuda en la repatriación de tres de las víctimas a Nicaragua, que han solicitado el embalsamamiento por motivos religiosos, en lugar de la incineración. El Consistorio ayudará a sus familiares costeando los más de 15.000 euros que supone este proceso, así como el transporte de los cuerpos.

La Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, que dirige Pilar Torres, ha gestionado la ayuda a las familias de las trece víctimas del incendio de la discoteca. De ellas, siete solicitaron la repatriación de sus fallecidos: cinco a Nicaragua, una a Colombia y otra a Ecuador. De las cinco víctimas mortales originarias de Nicaragua, además de las tres que serán embalsamadas, hay dos más que serán incineradas.

El Ayuntamiento ha asumido también el coste de los billetes de avión de los familiares que han venido hasta Murcia desde sus países de origen y el alojamiento en un hotel del centro de los allegados de los fallecidos que residían en Caravaca de la Cruz.