Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sigue esperando un informe ambiental de la Comunidad Autónoma sobre el proyecto de desmantelamiento de las obras de Puerto Mayor, para poder licitar los trabajos, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha dado un importante paso en el reconocimiento de los derechos de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) en el pleito sobre la legalidad de esta infraestructura. La decisión judicial permitirá, además, conocer las posibilidades reales de que la empresa Puertomayor SA asuma la millonaria factura que el Miteco le pasará cuando desmonte este puerto, nunca acabado, en la zona norte de La Manga.
La Sala de Lo Contencioso Administrativo del TSJ ha ordenado el embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria a la citada promotora y de los saldos bancarios de la misma. Todo ello, para garantizar el pago a ANSE de unos 5.200 euros en concepto de costas en el proceso judicial, que impulsó en el año 2005 el entonces Ministerio de Medio Ambiente y al que se adhirió esta organización ecologista. Antes, ANSE y Greenpeace paralizaron las obras dos días con una sonada protesta.
El pleito concluyó en noviembre de 2022, cuando el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la mercantil contra la sentencia dictada un año antes por el TSJ, que declaró la caducidad de la autorización otorgada por el Consejo de Ministros en 1975 para construir un puerto deportivo en terrenos ganados al Mar Mediterráneo. Además de la dársena portuaria en esta zona del municipio de San Javier, el proyecto incluía una pista aérea.
El proceso revelará si la empresa tiene bienes para costear los trabajos proyectados por el Miteco, valorados en 22 millones
Ahora, a través de un decreto dictado el 10 de octubre y al que ha accedido LA VERDAD, el tribunal regional da diez días a Puertomayor SA para que «manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué títulos».
Posible insolvencia
También apercibe a la mercantil de que «podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presentase la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya en ella bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren». Además, «podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas».
El TSJ apunta que «si el valor de los bienes señalados «fuera insuficiente para el fin de la ejecución, en caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de insolvencia actual, puede comunicar al juzgado competente el inicio o la voluntad de iniciar negociaciones con acreedores para alcanzar un plan de reestructuración, con paralización de las ejecuciones».
Estas menciones a la posible situación financiera cobran relevancia en cuanto al expediente del Ministerio para eliminar el puerto y restaurar la playa cercana, pues su coste será elevado: 22,4 millones de euros. En el último informe sobre los avances en su plan de recuperación del Mar Menor, el Ministerio que dirige Teresa Ribera recuerda que la Demarcación de Costas de Costas en la Región tramita «el procedimiento de ejecución subsidiaria del levantamiento de instalaciones».
Protesta junto a Greenpeace
A este desmontaje quedó «obligado el concesionario de Puerto Mayor, de acuerdo con la resolución de caducidad de la Comunidad Autónoma». En principio, las obras de recuperación ambiental de los terrenos, que revirtieron al dominio público marítimo-terrestre estatal, durarán 18 meses. Pero aún no hay fecha de inicio.
El director de ANSE, Pedro García, celebra que el TSJ haya decretado el embargo de Puertomayor SA, cuyo fallido proyecto tacha de «pésimo legado de los gobierno de Valcárcel (del PP)». «Intentamos convencerles de que no permitieran la reanudación de las obras de construcción de este puerto deportivo, porque la concesión estaba caducada. Pero tiraron por el camino de en medio, el del incumplimiento de la ley y la espantosa política de ocupación de los escasos espacios libres del litoral».
García se felicita de que las protestas de ANSE y de Greenpeace y la posterior acción judicial iniciada por el Ministerio, en tiempos de Cristina Narbona, vayan a desembocar en «el principal proyecto de restauración del dominio público en la Región, que incluye recuperar un kilómetro de playa y que beneficiará al turismo».
No obstante, lamenta que «no hemos aprendido la lección de que La Manga y todo el entorno del Mar Menor no admiten más construcciones, ni viviendas ni puertos». Y denuncia «el empeño del Ayuntamiento de San Javier en volver a urbanizar la parcela del Hotel Lagomar, cuyo derribo se prevé para este año.
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Enlace de origen : El TSJ embarga a la promotora de Puerto Mayor a las puertas del desmantelamiento
