El Gobierno en funciones remitió a Bruselas este domingo, en el último día de plazo como es habitual, su Plan Presupuestario para 2024. En él no se contempla la prórroga de las ayudas contra la inflación que están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Pero el Ejecutivo puntualiza que el que no estén «no presupone que en el futuro no se puedan adoptar o prorrogar las medidas» con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación «en el caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año». Justifica que un Gobierno en funciones tiene limitada su capacidad normativa, pero sí contempla otras medidas de gasto porque entiende que se adoptarán «en cualquier escenario»: Se trata de la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC como establece la ley y la subida de las retribuciones de los empleados públicos para 2024, según el acuerdo de la Mesa de Función Pública.
Si siempre es difícil ajustar la realidad de los números macroeconómicos y fiscales a los objetivos, el Ejecutivo esta vez se encuentra con varios escollos. El primero es que el nuevo Plan Presupuestario le pilla al Gobierno en funciones, el segundo son los conflictos geopolíticos cada vez más exacerbados y que elevan la incertidumbre y la inestabilidad, unos conflictos que además no ayudan a controlar la inflación. Los precios comenzaron una escalada que no ayuda a la hora de retirar las ayudas públicas aprobadas para afrontar la crisis energética e inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania. Y eso que la inflación se había ido reduciendo los meses anteriores hasta caer en junio por debajo del 2%, que es el objetivo marcado por el Banco Central Europeo (BCE).
El último dato que se ha conocido es el de septiembre, con una inflación del 3,5% en la que preocupa la relativa a los alimentos, que sigue disparada en el 10,5%. Ni la subvención a los carburantes para transportistas, ni el descenso del precio de la electricidad y ni siquiera la rebaja del IVA de los alimentos básicos que entró en vigor el pasado 1 de enero ha logrado reducir suficientemente el precio de la cesta de la compra de los españoles. Por tanto, en un escenario como este, retirar dichas medidas y que a partir del próximo enero los hogares paguen más por los alimentos era una decisión difícil de asumir en un contexto de formación de Gobierno o incluso preelectoral si la investidura de Pedro Sánchez no da resultado. No sería fácil pedir el voto tras retirar las ayudas actuales. El Ejecutivo recuerda que para responder a la guerra de Ucrania y sus consecuencias se han movilizado más de 47.000 millones de euros.
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Una cantidad que los organismos internacionales consideran imposible de mantener. Y el Gobierno en funciones ha sido aplicado y no contempla su prórroga en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas. En todo caso, el Ejecutivo prevé en su Programa de Estabilidad reducir el déficit público al 3% el año que viene, con lo que cumpliría las reglas fiscales europeas que se aprobarán probablemente antes de final de año, y situar la deuda pública al 108,1% del PIB en 2023 y al 106,3% en 2024. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último Monitor Fiscal hecho público esta semana respalda que España pueda reducir el déficit a ese 3% en 2024 y bajar la deuda. Pero lo que adviertieron desde el FMI, desde la Autoridad Fiscal (Airef) y desde la Comisión Europea es que para bajar el déficit público, el Gobierno tiene que eliminar las ayudas fiscales o ajustarlas para que las reciban solo colectivos vulnerables muy concretos.
Crecimiento
En un momento tan complicado a nivel geopolítico, con una elevada incertidumbre en torno a cómo se desarrollará la guerra en Oriente Próximo y las consecuencias que ello tendrá para el precio del crudo, el Gobierno ha actualizado su cuadro macroeconómico y empeora las previsiones de crecimiento que tenía estimadas para 2024. En el Plan de Estabilidad presentado ante Bruselas reconoce que España crecerá solo un 2% el año que viene, cuatro décimas por debajo de sus cálculos de abril. Aún así es una previsión más optimista que la que han hecho los organismos económicos en las últimas semanas.
La Comisión Europea dará su opinión en noviembre y España la deberá tener en cuenta antes de aprobar sus Presupuestos
El último fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la semana pasada recortó tres décimas su previsión de crecimiento para 2024 al 1,7%. El Banco de España vaticina que el país crecerá un 1,8% y la OCDE, un 1,9%. Todos por debajo de la previsión que da el Gobierno a Bruselas en esta ocasión.
Será un crecimiento superior a la media de la zona euro, que según el FMI se quedará en el 1,2%, con países como Alemania (0,9%) o Italia (0,7%) creciendo menos de la mitad que España. Esto se debe sobre todo al gran tirón del sector servicios, sobre todo el turismo, que está sufriendo mucho menos que el de las manufacturas en Europa. Por ello, desde el Gobierno aseguran que «en un contexto internacional tan complejo, España liderará el crecimiento económico entre los principales países desarrollados gracias al despliegue del Plan de Recuperación y a los efectos de la política económica adoptada en los últimos cinco años».
Para 2023 aumenta su previsión de crecimiento hasta el 2,4%, aunque no responde a una mejora de la economía en este último trimestre del año, sino a que el INE ha actualizado las series de PIB hasta finales de 2022 y constató un crecimiento más intenso que llevó a cerrar ese año un 5,8% por encima del anterior, tres décimas por encima de lo que habían publicado.
En este momento, el Gobierno no da previsiones más allá de 2024, pero en el plan que presentó el pasado abril a la Comisión incorporó los años 2025 y 2026, con crecimientos de 1,8% y 1,7% respectivamente.
La Autoridad Fiscal (Airef) avaló este lunes el Plan de Estabilidad que el Ejecutivo envió a Bruselas, pero advierte de que algunas previsiones son bastante optimistas. En concreto, el organismo ve optimista el crecimiento de la demanda de las familias que espera el Gobierno, ya que la subida de tipos, la finalización de las medidas contra la inflación y el empeoramiento de la confianza.
Crecimiento de los ingresos
El Plan Presupuestario prevé unos ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas del 648.660 millones de euros, lo que representa el 42% del PIB, mayor presión fiscal que este año cuando suponen el 41,9% del PIB. Los ingresos impositivos crecerán, según el plan, un 7,5% el año que viene, hasta los 382.755 millones de euros. Es un incremento muy parecido al registrado este ejercicio (7,6%) y se debe, dice el Gobierno, al buen comportamiento del empleo y la subida de las pensiones, además de medidas como el impuesto a los ricos o las limitaciones a la compensación de pérdidas en el Impuesto sobre Sociedades. Circunstancias todas ellas que también se han producido en 2023 y este año el 71% del aumento de los ingresos impositivos se debe al empuje de la inflación, según la Autoridad Fiscal Independiente, y la recaudación por el impuesto a las grandes fortunas se ha quedado en la mitad de lo previsto por un error del Ministerio de Hacienda al redactar la norma.
Como el plan no contempla mantener el año que viene las rebajas del IVA en alimentos ni en el gas o la electricidad, hay un fuerte empuje de los ingresos por impuestos indirectos, con tasas significativamente superiores a las de 2023. En concreto, no prorrogar la rebaja del IVA a la electricidad aportará al presupuesto de ingresos 1.016 millones de euros frente al recorte de 514 millones este año, y quitar la rebaja al gas proporcionará 397 millones. Otros 1.350 millones se ingresarán al no mantener la rebaja del IVA a los alimentos (este año era rebaja tiene un coste de 1.450 millones) Los impuestos sobre la producción e importaciones crecerán el 6,3 por ciento, en contraste con el 2,6 por ciento estimado para 2023.
Por su parte, al tratarse de un presupuesto «inercial» sin medidas ni decisiones presupuestarias, del Impuesto sobre la banca y las eléctricas (que se había aprobado temporalmente para los años 2022 y 2023) no figura ningún impacto presupuestario para el año que viene frente a los ingresos estimados de 2.900 millones este año. Y el Impuesto sobre las grandes fortuna solo aportará 21 millones de euros en 2024 (619 millones en 2023).
Para el año que viene se estima un crecimiento de las cotizaciones sociales del 6,4% gracias al dinamismo del mercado laboral y las subidas adoptadas en la reforma de las pensiones. Respecto al empleo, el Gobierno prevé que se frene su crecimiento al 1,4% en 2024 frente al aumento del 2,2% este año. Entre 2023 y 2024 se crearán más de 700.000 empleos a tiempo completo y la tasa de paro se situará por debajo del 11%.
Gastos
El Plan Presupuestario contempla alcanzar los 694.268 millones de euros en 2024, lo que representa el 45% del PIB, por debajo del 45,8% del PIB que suponen en 2023. El Plan establece la reducción del déficit al 3% el año que viene y flexibiliza el déficit de las Comunidades Autónomas una décima, que será asumido por el Estado.
Además, la deuda pública se reducirá este año al 108,1% del PIB y el próximo continuará reduciéndose hasta el 106,3%.
Normalmente el Plan Presupuestario se envía a Bruselas al tiempo que se tramitan los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Este año, con un Gobierno en funciones no hay Presupuestos, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que si Sánchez logra la investidura quiere enviar en enero los Presupuestos al Parlamento español.
En noviembre, la Comisión Europea dará su opinión sobre los borradores presupuestarios de los países y se discutirán en el Eurogrupo de principios de diciembre. España deberá tener en cuenta las opiniones de Bruselas y del Eurogrupo antes de aprobar sus cuentas públicas.
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