El Ayuntamiento de Cartagena ordenó este lunes la suspensión de la actividad y el precinto del restaurante y salón de celebraciones ‘Torre Antoñita’, de Pozo Estrecho, por realizar eventos para los que no tiene licencia municipal. Además, los servicios de Urbanismo están redactando los decretos para la suspensión de la actividad de dos discotecas de la ciudad en las que se han detectado modificaciones en sus estructuras interiores que carecen de autorización. Los nombres de estos establecimientos no fueron aportados por el Consistorio. Lo hará en dos días, cuando sea comunicada la orden a los dueños. Así lo explicó este lunes la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras una reunión de trabajo con los responsables del dispositivo especial que está revisando los locales de celebraciones.
Arroyo destacó que ordenó la inspección de 20 establecimientos y solo en tres de ellos fueron detectadas irregularidades que puedan suponer riesgo sobre la seguridad de las personas. Según los servicios de Disciplina Urbanística, ‘Torre Antoñita’ tenía desde 2018 una licencia concedida en 2018 para la celebración de eventos en el interior del edificio y sin música, pese a lo que la empresa realizaba modificaciones para poner equipos de sonido y barras y otros elementos para dar uso al exterior del edificio. Durante el pasado fin de semana celebró una de esas fiestas. Se trata de un local propiedad de uno de los socios de Teatre, una de las discotecas que ardieron a principios de este mes en Murcia.
En una inspección al local, el personal del establecimiento impidió la semana pasada el acceso a los agentes de la Policía Local y a los inspectores de los servicios municipales, mientras en el interior había una celebración. Eso supuso una infracción grave de la legislación, según fuentes municipales.
Obligación de cerrar
Los otros dos establecimientos para los que se está redactando el decreto de suspensión de actividad realizaron en su interior divisiones que supusieron importantes alteraciones sobre sus licencias y afectaron a los planes de seguridad. Los servicios municipales comunicarán en las próximas horas a sus propietarios la obligación de cerrar en tanto no regularizan su situación.
Siguiendo instrucciones de la alcaldesa, equipos mixtos compuestos por inspectores de Urbanismo y agentes de la Policía Local inspeccionaron los locales. Los funcionarios priorizaron su trabajo en los de mayor aforo y centraron su trabajo en la comprobación de los sistemas de seguridad, evacuación y las instalaciones susceptibles de generar situaciones de riesgo para los clientes.
Además, los servicios municipales trabajan en la redacción de un protocolo que reforzará las medidas de control mediante sistemas que garantice la supervisión de las revisiones y actualizaciones a la que los establecimientos están obligados por la ley.
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