Sánchez se ve arrastrado por sus socios de coalición a un choque diplomático con Israel

No lo hizo personalmente sino a través de una nota del Ministerio de Exteriores que tilda de «falsedades» e «insinuaciones infundadas» las acusaciones de Israel. «Cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político en una democracia plena como es España», advierte el texto. «En todo caso –añade–, la posición del Gobierno de España en su conjunto con respecto a los ataques terroristas perpetrados por Hamás es clara: condena tajante, exigencia de liberación inmediata e incondicional de rehenes y reconocimiento del derecho de Israel a defenderse dentro de los límites marcados por el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario·.

El texto de Israel no apuntaba a ningún cargo en concreto ni reproduce la textualidad de los pronunciamientos que considera ofensivos «en un momento en el que Israel está de luto por la pérdida de vidas inocentes en el bárbaro ataque de Hamás». Pero este sábado la titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, urgió al Gobierno a denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional por «crímenes de guerra» y el ministro de Consumo y coordinador general de IU, Alberto Garzón, reclamó una condena de España a «los ataques israelíes».

De hecho, Belarra, que el domingo acudió a la marcha pro Palestina de Madrid, se dio por aludida y no tardó en contestar a los israelíes en su cuenta de X, antes Twitter). «Su Gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz, no dejan entrar ayuda humanitaria. Denunciar ese genocidio no es ‘alinearse con Hamás’, es una obligación democrática –defendió–. El silencio, complicidad con el terror.

Esta vez Sánchez tuvo claro de qué lado posicionarse ante unas exigencias que juzgó desmesuradas por parte del Ejecutivo más a la derecha de la historia de Israel, pero lo cierto es que existen importantes matices entre la posición del PSOE y sus socios actuales y futuros acerca del conflicto de Oriente Próximo. Diferencias que pueden volver a ponerle en tesisturas incómodas. La expresión del enfado de Israel llegó el mismo día en el que Sumar había pedido al PSOE que una de las primeras medidas del próximo Ejecutivo, si tiene éxito la investidura de su secretario general, sea reconocer al Estado de Palestina de forma «unilateral y urgente», sin esperar a que lo haga el conjunto de la UE.

Reconocer a Palestina

El portavoz de la formación, Ernest Urtasun, recordó que en 2014 el Congreso ya aprobó una iniciativa en favor de este reconocimiento, subrayó que hay socios comunitarios como Suecia, Chipre y Malta que reconocen el Estado de Palestina –también lo hicieron Polonia, Hungria, Rumanía o la República Checa lo hicieron cuando aún pertenecían al Pacto de Varsovia– y argumentó que constituye «una deuda» de los españoles con los palestinos.

Los socialistas, por su parte, y según fuentes cercanas a la negociación, se mantienen aún reacios a incluir dicho reconocimiento en el borrador del programa de coalición. Sánchez reclamó el sábado la consolidación de dos Estados en la región para acabar con el conflicto palestino-israelí, una cuestión en la que volvió a insistir ayer desde Albania, donde participaba en una cumbre de líderes sobre los Balcanes Occidentales.

El presidente en funciones también reiteró su condena al ataque de Hamás contra Israel y defendió que este último tiene «el legítimo derecho a defenderse dentro del respeto del derecho internacional y humanitario». Y en un mensaje a Israel, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, remarcó públicamente que solo él y el propio Sánchez pueden hablar en nombre del Gobierno.

Las tensiones con los socios, en todo caso, no remitirán fácilmente. La formación que lidera Yolanda Díaz tiene intención de registrar en el Congreso una declaración institucional y una proposición no de ley que incluyen, entre otros puntos, el llamamiento al alto el fuego en la región y en los que insta al Ejecutivo a «solicitar» a la UE la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel; pide la «revisión de los fondos que Israel recibe del Instrumento Europeo de Vecindad» y de otros programas europeos, «para garantizar que no se destinan a la política de asentamientos ilegales o políticas de seguridad que vulneran los derechos humanos»; y reclama a los Estados miembros la suspensión de la venta de armas a este país.