Los trabajadores de la basura de Orihuela llevan su convenio al Tribunal de Arbitraje Laboral

Un conato de incendio, en este caso sindical, amenaza con poner patas arriba el servicio de recogida de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria. Los centrales que representan a la plantilla, UGT y CC OO, están hartas de una «inseguridad jurídica» arrastrada que, dicen, les hace desconocer el convenio por el que se rigen. Ante esto y ante, aseguran, la negativa de la edil de área, Rocío Ortuño, de contestar a sus correos y solicitudes, han decidido «dar el primer paso». El Ayuntamiento y los sindicatos se verán las caras, pero no en el palacio del Marqués de Arneva, sino ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, al que han solicitado que organice un acto de conciliación y que medie entre las partes.

En el escrito remitido a la institución, al que ha tenido acceso LA VERDAD, exponen que en el Pleno del 30 de diciembre de 2021 se elevó al orden del día un anexo al convenio entonces vigente que, manifiestan, «estaba obsoleto en cuanto a horarios y permisos», indica Ángel Lorente, delegado sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT Orihuela e impulsor del escrito junto a su firmante, el secretario general de la Federación Hábitat de CC OO, Miguel Ángel Mira. La propuesta, elevada por la entonces concejala de Recursos Humanos, Luisa Boné (Cs), fue aprobada con el voto a favor de 22 de los 25 concejales que conformaban el Pleno oriolano. Señalan, además, que el texto, «que mejora las condiciones del personal laboral», contaba con el visto bueno de la anterior interventora y el secretario municipal.

Asimismo, recuerdan que, con anterioridad, en 2012 y después de que el servicio de basuras fuera municipalizado y el personal de la anterior contrata se subrogara, el Pleno dio su visto bueno mayoritario (23 votos) al primer convenio colectivo.

La sorpresa de los trabajadores, según exponen, estriba en que el convenio de abril de 2013 no figura archivado ni en el registro de convenios del Ministerio de Trabajo ni en la Diputación de Alicante, ni, por ende, está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Al entender de ambas centrales sindicales, el convenio existe, fue aprobado (así como su anexo) y que su aplicación debe «realizarse de forma igualitaria al personal laboral y funcionaria». Cumplirlo, insisten, «no puede estar sujeto obligatoriamente a la publicación en el BOP u otro diario oficial». Lo contrario, dicen, «sería una cuestión discriminatoria en cuanto al trato laboral que dispensa este Ayuntamiento». Aun así, exponen que el Consistorio considera que el acuerdo alcanzado en Pleno «no es válido» y que han solicitado al secretario municipal un informe sobre la validez del convenio colectivo «no habiendo recibido respuesta oficial, pero sí extraoficial sobre que se demorará en el tiempo».

También manifiestan que el 31 de julio pidieron una reunión formal de la Mesa de Negociación a las áreas de Recursos Humanos y RSU «para clarificar y solucionar el conflicto y establecer las condiciones laboral de los trabajadores» antes de llegar a cursar una demanda de conflicto colectivo. Sin respuesta desde el verano a sus preocupaciones, a esto se ha sumado las manifestadas intenciones del actual gobierno PP-Vox de resucitar la empresa municipal Surpal para que el servicio de basuras sea en parte privatizado a través de una gestión mixta, o lo que es lo mismo, con presencia de capital privado.

Desde el equipo de gobierno fuentes consultadas trasladan a este periódico que «no vemos ningún problema en aplicar lo acordado». Aun así, manifiestan su sorpresa por la decisión de los sindicatos de recurrir a la mediación e inciden: «¿Por qué desde 2021, cuando se aprobó el anexo, no han denunciado que el convenio no estaba publicado?, ¿por qué deciden ahora tomar esta decisión con un nuevo gobierno que acaba de entrar hace tres meses?».

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