Ya son una decena los locales de ocio nocturno precintados en Murcia tras el incendio de Atalayas

Se están acometiendo estas actuaciones, según precisó la portavoz del gobierno municipal, Rebeca Pérez, semanalmente, de jueves a domingo y atendiendo a sus horarios especiales de funcionamiento. De hecho, está previsto que este mismo fin de semana se continúe con el operativo, aclaro Pérez, acometiendo visitas tras una «profunda revisión documental».

Los detalles de actuaciones como estas y de la situación legal de este tipo de establecimientos, del funcionamiento del servicio de Inspeccion y de Disciplina Urbanística y de los expedientes relacionados con las discotecas Teatre y, por extensión, Fonda Milagros -la cual no existía administrativamente para el Consistorio- se pondrán sobre la mesa en la comisión informativa de investigación que se constituirá tras el Pleno Ordinario del mes de octubre.

Llega este instrumento de control impulsado por las mociones que llevarán los tres grupos de la Corporación municipal exigiendo su constitución, incluyendo a Vox, que fue el primero que la solicitó, y al propio PP, que rechazó la creación de una comisión similar en la Asamblea Regional, «al carecer el gobierno autonómico de compentencias de inspección en este ámbito». Dará cuenta de ello el alcalde, José Ballesta, a los grupos en la junta de portavoces del próximo lunes, que serán los que integrarán una comisión que contará, asimismo, con la presencia de los representantes de las distintas formaciones y de los servicios jurídicos municipales. Se coordinará ahí la agenda de trabajo de un instrumento que deberá ser convocado por decreto.

Explicó, asimismo la portavoz municipal que se expondrán en esta los documentos examinados y conclusiones alcanzadas en el expediente informativo interno abierto por el Consistorio tras la tragedia y que «se encuentra próximo a su conclusión». «Lo abrimos desde un primer momento con el objetivo de esclaracer los hechos y de tomar medidas para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir», destacó Pérez, defendiendo «la transparencia que caracteriza a este gobierno».

No obstante, Pérez quiso subrayar la «delgada línea que va a existir entre la información que se podrá ofrecer públicamente y el secreto de sumario decretado por la instructora de la causa penal que se sigue», por lo que muchos de esos datos deberán tratarse de manera confidencial. Reiteró, asimismo, que los funcionarios involucrados en los expedientes de Teatre se encuentran se encuentran «apartados de sus funciones en los procedimientos relacionados con el caso, como el de legalización de las discotecas incendiadas», aunque no se ha adoptado ningún tipo de medidas disciplinarias, las cuales, en todo caso, deberían llegar después de un proceso abierto por esta cuestión, y que estaría condicionado por el curso de la causa penal.