Sánchez cierra su pacto con Díaz como primer paso hacia la investidura

A falta de conocer en contenido del documento, la nota conjunta de ambas formaciones no aclara en qué términos queda la reducción de la jornada laboral exigida por Sumar. Sí recalca que «el objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura será una prioridad que impregnará todo el acuerdo». Entre otras medidas de relevantes de las que habla, el acuerdo incluye «ambiciosos avances en materia laboral como la reducción de jornada sin reducción salarial, la implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil, el refuerzo del sistema público de salud, el aumento del parque público de vivienda con el objetivo de que alcance el 20% del parque total, la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento, la universalización de la educación de 0 a 3 años, con la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de dos años será para todos al final de la legislatura, y una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público».

Con los cimientos ya plantados, se espera que el acuerdo se escenifique con una fotografía este mismo martes en el Museo Reina Sofía entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez antes de la reunión del Consejo de Ministros. Una foto similar a la que el presidente del Gobierno en funciones se hiciera en noviembre de 2019, cuando selló su acuerdo con el entonces Líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y que dio paso al primer Ejecutivo de coalición desde la restauración de la democracia.

«No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado». Lo ha dicho Pedro Sánchez varias veces en las únicas ocasiones en las que se ha prestado a hablar en el último mes sobre las conversaciones para su investidura. Hay pocas dudas de que todo dependerá en última instancia de Carles Puigdemont y esa parte del puzle que el líder del PSOE está obligado a armar para continuar al frente del Gobierno no está aún resuelta.

Pero, a poco más de un mes para que expire el plazo de dos meses del que disponen antes de que el 27 de noviembre se convoquen elecciones automáticas, los socialistas querían escenificar que las cosas avanzan. Un pacto que Podemos, crítico con las negociaciones, dio este lunes ya por cerrado.

La dirección del PSOE, que tiene previsto convocar al comité federal tan pronto como se produzca la foto del apretón de manos entre Sánchez y Yolanda Díaz, ya ha avisado informalmente a algunos territorios para que despejen su agenda este sábado. El máximo órgano del partido tiene entre sus facultades la de «determinar la política de alianzas», pero la militancia debe pronunciarse sobre los «pactos de Gobierno». Atendiendo a la literalidad de los estatutos, tras el comité se consultará a las bases, precisamente, sobre ese pacto con Sumar, sin esperar al resto de acuerdos, más espinosos, con el resto de fuerzas.

Ya ocurrió así en 2019. Los afiliados al PSOE tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre el pacto con Unidas Podemos, pero no sobre las concesiones que Sánchez hizo a ERC a cambio de que facilitara su investidura; entre otras cosas, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y una ambigua promesa de que los acuerdos alcanzados serían sometidos a votación de la ciudadanía catalana. Ahora tampoco se prevé que opinen sobre la amnistía a los encausados del ‘procés’ u otras cuestiones que, eventualmente, pueda acabar aceptando el jefe del Ejecutivo en funciones para amarrar el apoyo del expresidente de Puigdemont, que el pasado 5 de septiembre habló de alcanzar un compromiso «histórico», y los siete diputados de Junts.

El pacto con Sumar es perfectamente digerible por las bases socialistas que, además, suelen estar más escoradas a la izquierda que la dirección. La coalición liderada por Yolanda Díaz se ha centrado, de hecho, en intentar sacar adelante cuestiones de calado económico y social como la reducción gradual de la jornada laboral, la continuidad de la gratuidad del transporte público adoptada en los últimos decretos anticrisis y la permanencia del impuesto a la banca o el control de alquileres turísticos.

Negociación colectiva

«Queremos que estas cuestiones se plasmen bien en el acuerdo», señaló este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que calificó medidas como la reducción de la semana laboral –primero a 37,5 horas y paulatinamente hasta las 32– de «fundamentales» para la coalición de izquierdas. «Vamos a seguir insistiendo hasta el final», enfatizó. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, no cerró la puerta a esa rebaja e incluso admitió que será un debate de legislatura, aunque la situó en el ámbito del «diálogo con los agentes sociales y la negociación colectiva».

Los equipos negociadores –encabezados por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por parte del PSOE, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por Sumar– llevan semanas trabajando contra el reloj para poder dirimir una cuestión esencial que, si bien no afecta de lleno a las negociaciones de investidura, sí resulta clave para el futuro de la legislatura. Aunque el principal escollo para materializar algunas de las cuestiones en las que más empeño ha puesto el socio minoritario del Ejecutivo reside en un Parlamento que no cuenta ya con una mayoría progresista.

Lo que no ha trascendido aún son las conversaciones en torno a la composición del posible nuevo gabinete de Sánchez, en el que deberán estar representados ministros del PSOE y Sumar, de cuya organización forman parte siete partidos con presencia en el Congreso y que aspiran a obtener alguna cartera. Ambas partes aseguran que este asunto, del    que está muy pendiente, en concreto, Podemos, se dejará para más adelante, una vez la investidura esté garantizada.

El partido de Ione Belarra ya dejó claro este lunes que el pacto labrado por Díaz con los socialistas no le satisface. Fundamentalmente, porque no ha logrado que los socialistas les consideren interlocutores directos. Aunque en privado los morados defienden que no serán un obstáculo para reeditar Gobierno, sí avisan de que los votos de sus cinco diputados podrían condicionar la legislatura si no se da cabida a reivindicaciones suyas como la de subir el salario mínimo a los 1.500 euros al mes o la de mantener a su número dos, Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad. «Pedimos que revalúen ese acuerdo para que sea mucho más ambicioso», advirtió el coportavoz de los morados, Pablo Fernández.