El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, tendrá que pasar por los tribunales en los próximos meses. El Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha citado a Perona a declarar como investigado por la aprobación de las órdenes de vedas de las temporadas cinegéticas 2019-2020 y 2020-2021 sin la preceptiva evaluación ambiental de sus repercusiones en los espacios protegidos. El edil, que debe responder en este caso por su anterior puesto como director general de Medio Ambiente en la Comunidad, deberá comparecer ante el juez el próximo 5 de marzo, según se especifica en un auto al que LA VERDAD ha tenido acceso.
Ese mismo día está llamado también a declarar, aunque en este caso como testigo, Francisco Marín, quien también estuvo un tiempo al frente de la dirección general de Medio Ambiente. Estas citaciones se producen después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ordenase al juzgado instructor reabrir el procedimiento. La causa surge de una denuncia que la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción presentaron en noviembre de 2020 a través de su abogado, Ginés Ruiz Maciá. La denuncia, que apunta también por presunta prevaricación a los exconsejeros Antonio Luengo y Javier Celdrán, fue archivada pero la Audiencia estimó el recurso de estas organizaciones conservacionistas y ordenó al juzgado su reactivación que, ahora, con la citación de Perona, da sus primeros pasos.
Ecologistas en Acción y ANSE se muestran satisfechos con la decisión de la Audiencia de reabrir el caso y aguardan «que se aclare por qué se han venido aprobando las órdenes de vedas sin someterlas a evaluación de impacto ambiental, cuando es obligatorio y así lo han dicho hasta los servicios jurídicos de la propia Comunidad en reiteradas ocasiones».
Razones para eludir un trámite
En un informe enviado al juzgado, la Comunidad Autónoma aseguró que las órdenes de vedas se habían aprobado con los dictámenes pertinentes y vinculantes; y alegó razones de organización interna para eludir un trámite, la evaluación ambiental simplificada, de cuya obligatoriedad le habían advertido reiteradamente sus propios servicios jurídicos: reducción de jornada del único ingeniero técnico forestal disponible, cambio de sede de las direcciones generales, declaración del estado de alarma y efectos de la pandemia.
Para la Audiencia, sin embargo, estas excusas no justifican que el Gobierno regional se salte los procedimentos legales: «No es admisible en Derecho que una administración incumpla una norma de obligado cumplimiento, que fija no solo un trámite preceptivo, sino una exigencia legal fijada para garantizar un interés público».
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Enlace de origen : El juez investiga a Fulgencio Perona en el caso de las órdenes de vedas sin evaluación ambiental
