Orihuela quiere cerrar el nuevo modelo de gestión de las basuras en abril

«Pública o mixta, esa es la cuestión». La frase no es de un célebre dramaturgo británico, sino de una voz autorizada del gobierno municipal y se refiere a las basuras. El nuevo ejecutivo ya ha abierto el melón. Saben que es un tema maldito desde el caso Brugal y que quien lo abre, especialmente el PP, suele salir escaldado. Pero desde la llegada del alcalde Pepe Vegara la asunción es que hay que coger el toro por los cuernos tras 11 años de asunción ‘provisional’ del servicio, trasladan fuentes municipales. El primer paso está claro. El Ayuntamiento no quiere seguir haciéndose cargo de forma directa, por eso, la determinación ya está tomada: se gestionará a través de una empresa municipal. Y la meta para cerrar esa disyuntiva sobre la forma es después de Semana Santa. Para entonces esperan informar al Pleno de cuál será el modelo de la nueva encomienda de gestión.

El modelo actual, donde el Ayuntamiento asume con su propia máquina todo, aducen fuentes del ejecutivo consultadas, no puede continuar. La burocracia, dicen, lo enfanga todo y lo dilata hasta extremos casi incompatibles con el buen funcionamiento del servicio. Camiones de hace más de 10 años, un millón de euros para reparaciones de maquinaria, largos caminos a la costa y a vertederos autorizados…

Para acabar con ello, explican, este lunes se dará un primer paso crucial: la resurrección de Surpal. La empresa municipal que se encargó desde agosto de 1982 de la urbanización del polígono Puente Alto, inoperante al menos desde 2012, regresará a la vida, en este caso, con la promesa de mejorar un servicio que, en especial en la costa, es fuente recurrente de quejas. Lo primero será poner en orden la sociedad, ya que lleva años sin presentar cuentas. Hubo algún tímido intento de buscarle otro cometido durante el mandato de Emilio Bascuñana, pero ninguno de ellos llegó a fructificar en algo concreto. Ni tan siquiera para cambiar la denominación de la mercantil (Sociedad Urbanizadora del Polígono industrial Puente Alto de Orihuela) que a todas luces ha dejado de tener sentido. Cosa que ahora sí se hará.

El alcalde, Pepe Vegara, ha remitido un correo a los ocho elegidos que tendrán la suerte o desgracia de asistir en primera fila a la vuelta a la vida de esta olvidada mercantil. En el orden del día está ‘despedir’ a aquellos consejeros, algunos designados en época del alcalde José Manuel Medina (1995-2003), que todavía figuran inscritos en el registro mercantil. Después de eso y de recuperar el CIF, se nombrará el siguiente consejo de administración. Por parte del ejecutivo estarán como presidente el propio Vegara, que estará acompañado por la concejal de RSU, Rocío Ortuño (PP), el concejal de la Costa, Manuel Mestre (Vox), y tres asesores: el exedil de RSU, Dámaso Aparicio, el exalcalde de Redován, Emilio Fernández, y Rubén Rodríguez. A estos se sumarán desde la oposición los concejales José Aix (Cs), Leticia Pertegal (Cambiemos), e Isidro Grao (PSOE)

Quién ocupará la gerencia de la sociedad es todavía un misterio. En los mentideros del Palacio del Marqués de Arneva, sin embargo, suena con fuerza el nombre del propio Dámaso Aparicio, quien está comandando el servicio de la mano de la concejal delegada, eso sí, esta vez desde el ‘backstage’.

Paralelamente y según ha podido saber este periódico, el equipo de gobierno tramita ya el encargo de un nuevo estudio para determinar si Surpal será 100% pública o dará entrada a un inversor privado. La empresa escogida se quiere que preste un asesoramiento continuo durante todo el proceso. Dámaso Aparicio ya encargó un estudio al prestigioso despacho Garrigues y concluyó que la empresa municipal era la solución idónea. Este nuevo informe irá más concretamente a determinar si el Ayuntamiento tiene el pulmón económico para sufragar esos 50 millones que, según el Plan Local de Residuos encargado por el mismo Aparicio, necesitan las basuras de Orihuela para prestar un servicio acorde al signo de los tiempos.

El gobierno municipal, por lo pronto, en una de las inversiones que los remanentes le ha permitido hacer, fue sacar 2,5 millones de la hucha municipal para renovar flota y maquinaria. Aun así, queda mucho trabajo para actualizar el servicio. Pendiente está, por un lado, el tema de los ecoparques que el Consorcio comarcal debe edificar sobre las parcelas ya señaladas por el Consistorio. El Ayuntamiento de Orihuela, como otros tantos en la Vega Baja, todavía no ha dado cumplimiento a la obligación legal de introducir el quinto contenedor para la fracción orgánica y muy lejos queda todavía los contenedores inteligentes que premien a aquellos que más reciclan. Eso por no hablar del nuevo impuesto que grava los residuos impropios (los depositados en el contenedor incorrecto) y que amenaza con una subida drástica de la tasa de basuras.

Mantener el control

Todo ello es lo que está en juego con el nuevo modelo de gestión. Ahora, de ser mixta la solución finalmente escogida, el equipo de gobierno deja clara una cosa. Sacará a licitar la parte correspondiente al capital privado, pero en ningún caso podrá superar el 49%. El Ayuntamiento se reservará como mínimo el 51% porque no quiere perder la capacidad de decisión y que, en caso de que ese príncipe inversor resulte ser rana, puedan darle pista fuera del consejo de administración a la mayor celeridad. Lo que en ningún caso quieren, abunda los mismos medios, es entrar en conflictos con el adjudicatario y contratar a un auditor externo aparte para estudiar los incumplimientos y detraer cantidades de las facturas como ha pasado por ejemplo en Torrevieja, donde el servicio lo presta íntegramente Acciona.

En la privatización parcial del servicio, más allá de la entrada de más dinero para renovar maquinaria, se podría encontrar ‘a priori’ algunas ventajas que se deberán valorar en ese informe como es la mayor facilidad para captar ingenieros y técnicos especializados y con experiencia en la puesta en marcha de este tipo de servicios. Asimismo, las empresas que opten a esta concesión administrativa podrían ofertar unas nuevas instalaciones más acordes. Todo dependerá de lo que se oferte.

Lo que es seguro es que cada paso que se dé será mirada con riguroso celo. Los sindicatos ya están muy expectantes y nerviosos ante lo que pueda llegar y, sobre las cabezas de los grupos políticos, planea todavía lo sucedido en el caso Brugal y los 4,4 millones con los que el Ayuntamiento tuvo que indemnizar a Urbaser cuando se rescató en 2012 el servicio de la gestión privada.

Una vez el lunes se dé, casi con total seguridad, luz verde al cambio de denominación y de objeto social de Surpal. Este será el primer paso sobre el que se deba dar cuenta en el Pleno antes de final de año.

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