El CGPJ afirma que la amnistía de Sánchez «violenta» la Constitución

Por nueve votos contra cinco, la abstención del presidente interino Vicente Guilarte (se mostró en contra también pero espera a la publicación de la proposición de ley) y la ausencia del vocal progresista Álvaro Cuesta, el pleno extraordinario sacó adelante un texto en el que señalan directamente a Pedro Sánchez por impulsar una iniciativa «que constituye una perversión del régimen constitucional».

Sobre la responsabilidad del presidente en funciones en esta futura norma, el órgano de gobierno de los jueces -respaldado por la mayoría de los nueve vocales del denominado bloque conservador- considera que el líder socialista confunde el «interés de España» con el «interés del presidente del Gobierno en funciones» para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya, algo que que es «manifiestamente incompatible con la alternancia política» que recoge la Constitución.

Añade el documento que dejar en «papel mojado» las sentencias y causas abiertas por el ‘procés’ es algo «rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que se quiso constituir España y efectivamente se constituyó…al menos hasta ahora». Y asegura que la proposición de ley, de la que aún no se conoce el texto definitivo, «invade competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política».

Los nueve vocales conservadores que firman la declaración defienden que están legitimados para manifestar su opinión pese a no conocer el detalle de la proposición de ley, y explican que están amparados por la propia norma del Poder Judicial y los estándares europeos en materia de independencia judicial.

Además, reiteran que el plan de Sánchez para seguir en el poder supone «degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal» del líder socialista, una circunstancia que supone la vulneración del pluralismo político.

Un riesgo en Europa

Seguidamente, el texto aprobado con los votos en contra de los cinco vocales progresistas -minoría en este Consejo con el mandato caducado desde diciembre de 2018-, recoge que la amnistía supone generar una clase política jurídicamente «irresponsable e impune de sus delitos», lo que supone contravenir el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, proclamado en el artículo 14 de la Constitución.

Por último, el Consejo recuerda que la medida anunciada por Sánchez en el último comité federal del PSOE «violenta» no solo la Constitución, sino los compromisos asumidos por España en el Tratado de la Unión Europea para que prevalezca la independencia judicial. En este punto, advierten que el riesgo de que Bruselas decida no ser la coartada de una España que no cumple con sus principios «debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretenden realmente actuar en el interés de España».

De forma previa al pleno extraordinario de este lunes, el consejero progresista Álvaro Cuesta, exdiputado socialista y abogado de profesión, remitió un escrito a Guilarte pidiéndole desconvocar la cita al apreciar que es «manifiestamente ilegal» porque su finalidad es contraria «al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales» del Consejo.

Afirmó Cuesta que en el «panfleto político» que sus colegas conservadores proponen aprobar como declaración institucional «se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aún no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno, calificándola de ilegal e inconstitucional».

Pero Guilarte le contestó horas después para informarle de que el pleno se mantenía de conformidad al reglamento de la casa. En su escrito previo, Cuesta le advirtió de que si el presidente interino seguía adelante con el cónclave no acudiría, como al final ocurrió. No obstante, ninguno de sus compañeros del bloque denominado progresista le secundaron en su plante.