La Asamblea Regional ha iniciado el proceso para dotar a la Región de Murcia de un defensor del pueblo, que también tenga asignadas competencias en materia de transparencia. La reunión de la ponencia abierta con tal fin en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos decidió este jueves solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara los oportunos informes legales para buscar el encaje de dicha figura en la ley de Transparencia y Participación Ciudadana. Galicia y Castilla León son las principales referencias para ese grupo de trabajo puesto que son las dos únicas cuyos defensores del pueblo también tienen atribuciones en materia de transparencia y buen gobierno.
La iniciativa parlamentaria la lleva Vox, principal interesado en recuperar esta figura, suprimida por la Comunidad Autónoma en diciembre de 2012, en el marco de un proceso de simplificación de la estructura administrativa, supresión de entes y órganos autónomos cuyas funciones podían asumir otros departamentos de la Comunidad. El último que desempeñó el cargo fue José Pablo Ruiz Abellán, que previamente había sido consejero en el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel.
La recuperación de dicha figura aparece en el pacto de gobierno y legislatura alcanzado por Vox y el PP para hacer presidente a Fernando López Miras.
La mayor dificultad en esta fase es encajar las atribuciones de defensor del pueblo y las de presidente del Consejo de la Transparencia, si ello es posible. Sobre la mesa está incluso la posibilidad de crear dos cargos distintos, puesto que los expertos ven cierto conflicto entre las funciones del defensor, valedor de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos, en el caso de que se planteen reclamaciones por la vía judicial en asuntos de transparencia.
Otra cuestión importante que está en discusión es si el defensor del pueblo y presidente del Consejo de Transparencia debe depender orgánicamente de la Asamblea o debe tener máxima autonomía, como ocurre por ejemplo en Andalucía. Lo que sí ha dejado claro en la ponencia el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, es que la oficina debe tener la estructura administrativa básica para no incurrir en gastos innecesarios. El defensor tendría asignado sueldo.
Va para largo
La ponencia tiene previsto reunirse en una dos semanas, ya con los informes jurídicos sobre la mesa para ir resolviendo las dudas planteadas en sus primeras reuniones. Pero por los tiempos parlamentarios y la próxima entrada del proyecto de ley de Presupuestos Regionales para 2024, todo apunta a que no habrá grandes avances hasta las primeras semanas de 2024.
Vox aspira a proponer al Parlamento el nombre del próximo defensor del pueblo regional y sacar adelante su designación con apoyo de sus socios en San Esteban. Fuentes de este partido descartan que el expresidente y diputado regional Alberto Garre opte al puesto.
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