Familiares de las víctimas de Atalayas piden la imputación de los ediles Guerrero y Navarro

En relación a Guerrero, considera que «si bien actuó adecuadamente dictando la orden de precinto y cierre» de los locales, una vez que constató que la licencia de Teatre no podía amparar su división para crear la Fonda Milagros, «no procedió a la verificación de su ejecución, constituyendo tal actuación una obligación suya el control de la ejecución de las resoluciones que dictan en su concejalía».

En el caso de Navarro Corchón, justifica su petición de imputación al considerarlo «directamente responsable de revocar las directrices e instrucciones que establecían los criterios sobre la normativa que regulan las licencias, provocando una ausencia de criterios que permitían la total arbitrariedad en el funcionamiento del servicio».

En la misma línea, el letrado José Manuel Muñoz Ortín también solicita que «se le tome declaración en calidad de investigados a los dos funcionarios públicos, Jefes de Servicios de Intervención y Disciplina Urbanística y Jefe de Servicio Técnico de Obras y Actividades que han sido suspendidos de forma cautelar de sus funciones», ya que «han sido separados por el alcalde de Murcia, José Ballesta, por su implicación en los hechos, derivada por no ejecutarla Orden de Precinto y Cierre de 11 de octubre de 2022».

De hecho, en relación con esta cuestión, el letrado también solicita que se tome declaración a José Ballesta, aunque en este caso, en «calidad de testigo», puesto que, según valora, «por la omisión en que ha incurrido, al ocultar desde un principio de que la Sala Teatre carecía de licencia y había una Orden de Cierre y Precinto, implica que dispone de información relevante respecto de los hechos acontecidos».

Finalmente, esta acusación particular pide que «se tome declaración de calidad de testigo Juan José Bernabé, edil de Urbanismo en la etapa de Miguel Ángel Cámara, ya que «publicó varias instrucciones en el Servicio de Licencias del Ayuntamiento de Murcia, para organizar y establecer criterios objetivos de funcionamiento, derogadas luego por su sucesor, Antonio Navarro Colchón, debiendo declarar también sobre sus actuaciones realizadas cuando ejercicio el cargo de concejal».

Hay que recordar que el pasado 3 de noviembre esta acusación ya solicitó la apertura de una pieza separada para la investigación de la presunta responsabilidad que los miembros del Ayuntamiento de Murcia pudieran tener en los hechos acontecidos el 1 de octubre. El escrito ha sido entregado ya al procurador para su presentación ante el juzgado que dirige la investigación.

Rebeca Pérez: «Respetamos el desarrollo del proceso judicial; hasta aquí puedo leer»

«Respetamos el desarrollo del proceso judicial y hasta aquí puedo leer». Así se manifestó este viernes la portavoz del gobierno municipal, Rebeca Pérez, al ser preguntada por la solicitud cursada por uno de los abogados de los familiares de las víctimas. «Somos los mayores interesados en conocer los hechos y depurar responsabilidades para evitar que tragedias estas vuelvan a ocurrir, pero siempre manteniendo el respeto institucional», apostilló.

Sin embargo, y en relación al proceso de delimitación de responsabilidades políticas y administrativas, todavía no ha logrado ponerse en marcha en el Ayuntamiento la anunciada comisión informativa en relación a la irregular situación de las discotecas incendiadas en Atalayas. «Veinticuatro horas después de la celebración del último Pleno pedimos a los grupos que aportaran sus representantes en dicho órganos, pero, hasta ahora, la única formación que los ha aportado es el Partido Popular», añadió Pérez, defendiendo que en el momento en el que se comunique esta información se podrá establecer la reunión para fijar el calendario y la planificación de los trabajos.

El PSOE ya señaló en su momento que quedaban aspectos por delimitar en relación al funcionamiento y finalidades, de cara a su aceptación y aludió a la necesidad que se fijará claramente la necesidad de que esta persiguiera a depuración de responsabilidades. Por su parte, Vox, el único partido sin responsabilidades de gobierno durante la tramitación de los expedientes administrativos relacionados con la Sala Teatre, se ha negado a participar en ella por considerarla «un paripé». Critican, especialmente, que se quiera establecer un «secreto de las actuaciones», más aún cuando será el partido mayoritario, el PP, el que controle la redacción y aprobación de las conclusiones finales.

Es sorprendente, sin embargo, que mientras que Vox insiste en que la Comisión planteada en el Consistorio carece de funcionalidad, rechace junto al PP la constitución de otra en la Asamblea Regional, al considerar que la Administración regional no tenía competencia de inspección en relación a estos locales. Y todo ello a pesar de que, como indican desde el partido Podemos, solo el Parlamento Autonómico tienen competencias para convocar una verdadera comisión de investigación con autoridad para solicitar la asistencia obligatoria de comparecientes, con la obligación, además, de decir verdad.