El Ejecutivo regional recurrirá la ley de amnistía al Constitucional «en cuanto esté aprobada»

«No podíamos dejar pasar un solo día sin adoptar esta decisión con la que cumplimos una obligación ciudadana», dijo el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al comparecer este martes, un día después de la entrada de la amnistía en la Cámara baja, tal y como anunció y se comprometió a hacer. Es «un paso más en la batalla jurídica, política y social» que el Gobierno regional dará para frenar la amnistía a los encausados del ‘procés’ desde 2012 y hasta 2023.

El Ejecutivo autonómico, como prometió, ha actuado «con firmeza, transparencia y alzando la voz con serenidad».

La declaración institucional

Según explica el texto de la declaración institucional, los servicios jurídicos de la Comunidad han analizado «con profundidad» el texto de la proposición de Ley de Amnistía, registrado por el PSOE, «que socava los cimientos del propio Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de todos los españoles».

Asimismo, alude a la «preocupación» con la que las instituciones europeas miran hacia España en estos momentos, tras el anuncio de una medida de gracia «que va mucho más allá de la política» y que supone «el sometimiento de la justicia a la decisiones del poder político».

Para el Gobierno regional «estamos ante una pérdida de calidad de nuestra democracia» y con esta ley de amnistía «se entierra el espíritu del 78». Además, destaca que todo este proceso «se cimenta en la polarización de la sociedad, en el enfrentamiento entre bandos, en la radicalización de las posturas no ya en las instituciones, sino en la calle». Por eso el Ejecutivo considera que la amnistía es la «ley de la discordia y la división», que responde al interés de una persona (Pedro Sánchez), para garantizarse la investidura.

Quiebra del principio de igualdad

Uno de los puntos clave que denuncia el Gobierno regional de la Comunidad es que la ley de amnistía quiebra el principio de igualdad entre españoles. «Las pensiones, la formación universitaria, la red de ferrocarriles, la cesión de la totalidad de los impuestos a unas regiones o la condonación de la deuda. Todo ello quiebra la solidaridad nacional y va a suponer, ya a corto plazo, un enorme perjuicio para el millón y medio de españoles que viven en la Región de Murcia». Y eso, añadió el presidente López Miras, «no podemos consentirlo y no lo vamos a hacer».

La declaración institucional alerta también de que el país se encamina hacia «unas instituciones devaluadas» y el Gobierno regional ve cómo «delitos que lo son en una parte de España, dejan de serlo en otra». Asimismo, critica que «los jueces puedan ser corregidos por una comisión parlamentaria», lo que nos devuelve a «siglos atrás».

«Como presidente del Gobierno de la Región de Murcia, mi obligación principal es la defensa del interés general del millón y medio de murcianos», recalcó López Miras, que hizo hincapié en que antes de las elecciones del 23-J «nunca estuvo sobre la mesa que se fuera a amnistiar a quienes vulneraron de manera flagrante las leyes para quebrar la unidad de España».