La factura de los pactos de investidura, partido a partido

Reducción de la jornada laboral hasta media hora al día (de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 para llegar a 37,5 en 2025).

Aumentar el salario mínimo interprofesional a lo largo de la legislatura, «garantizándose» en el Estatuto de los Trabajadores que represente el 60% del salario medio.

Transporte público.

Impuesto a la banca y las grandes energéticas

Reforma fiscal «justa».

Regulación de los alquileres.

Aumento del parque de vivienda pública.

Mejora de la sanidad con una reducción de los tiempos de espera.

Ampliación de permisos de nacimiento y gratuidad de guarderías.

Ley de cuidados. Impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes.

Reconocimiento del Estado palestino.

Desjudicializar el conflicto político en Cataluña mediante la aprobación de una ley de amnistía.

Condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña.

Traspaso integral de la titularidad y gestión de las infraestructuras del servicio de Rodalies.

1.600 millones de euros hasta 2030 para el despliegue de los Mossos d’Esquadra.

Inversiones en la administración de justicia

Un fondo de 150 millones euros para investigación.

Acuerdo para subir las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea y el compromiso del Gobierno de aportar el 50 % que corresponde a la Administración General del Estado para la financiación de las actuaciones de la ley de dependencia.

Medidas compensatorias análogas para Galicia en el caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico.

Incremento de los descuentos para usuarios super recurrentes (incluidos los vehículos pesados) en la AP-9, del 20 % actual hasta el 50 % y equiparación de los descuentos en la AP-53 a los de la AP-9.

Plan integral de Modernización de la red ferroviaria de Galicia.

Creación de cinco nuevos juzgados extraordinarios de violencia de Género.

Impulsar reformas precisas para «adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia».

Mesa de negociación con un verificador internacional para abordar la resolución del conflicto histórico sobre el futuro de Cataluña.

Negociación de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la CE.

Proposición de una cláusula de excepción que reconozca la singularidad de Cataluña, diálogo para ceder el 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña y bilateralidad para Cataluña sobre el impacto actual del modelo de financiación.

Diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación.

Proposición de ley de amnistía: Debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 y situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política.

La ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales.

Transferencia de todas las competencias pendientes en el Estatuto de Guernica en un plazo de dos años. Entre ellas figura el régimen económico de la Seguridad Social, los ferrocarriles y la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros.

En materia de fiscalidad, se amplía el concierto económico. Concertación de nuevos impuestos y los límites de deuda, fijados también en la Comisión Mixta de Concierto y, en el caso de Navarra, en la Comisión Mixta del Convenio.

«Relación bilateral» del País Vasco con el Estado.

Modificación del artículo 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores para plasmar la prevalencia de los convenios suscritos en el País Vasco sobre los de ámbito estatal.

Nuevas competencias para la Ertzaintza.

100 millones para la adaptación del euskera a la nueva era digital.

Reconocimiento íntegro de los fueros canarios.

Deducción del 60% del IRPF para La Palma y 100 millones de euros praa el Plan de de Recuperación para La Palma que deben incluirse en los PGE cada año.

Rechazo a la ley de amnistía.

Ejecución plena de los convenios bilaterales.

Política solidaria en gestión migratoria.

Transferencia de competencias del Estatuto de Autonomía.

Aplicación de medidas compensatorias por lejanía, insularidad y cohesión social y económica.