El uso del móvil en las aulas se ha convertido en una fuente de conflictos en los institutos y colegios, pero también en arma política para agitar el debate social. El Ministerio de Educación se ha descolgado ante las autonomías con una propuesta taxativa: prohibir los teléfonos en horario lectivo en colegios e institutos. La Consejería de Educación, que recuerda que el Ministerio no tiene competencias para tomar esa decisión, da largas a la propuesta y seguirá adelante con su plan de regular su uso tras la valoración de un grupo de expertos que, por otra parte, aún no ha sido nombrado.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció el miércoles, durante un receso de su reunión con las autonomías para tratar otra cuestión, su intención de prohibir el uso de teléfonos móviles en escuelas e institutos, debido a la «preocupación« en una parte de las familias y los profesores. El Ministerio propondrá »el uso cero del móvil en horario lectivo en Primaria y en Secundaria«, salvo en aquellas situaciones en que el docente »lo considere necesario para la actividad pedagógica«.
Con esta medida, la ministra de Educación quiere dar «respuesta a esta inquietud que comparten tantísimas familias y la propia comunidad educativa». Para aplicarla, el Gobierno español deberá ponerse de acuerdo en enero con las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para aplicar esas políticas educativas. Alegría defendió que los móviles deben quedar completamente prohibidos durante el horario escolar en los seis cursos de Primaria y que el uso de los ‘smartphones’ también estará prohibido como norma general en el horario lectivo en los institutos de ESO, Bachillerato y FP con la única excepción de que el profesor los autorice en clase bajo su supervisión y para desarrollar contenidos pedagógicos. Alegría también explicó que, antes de tomar una decisión, quiere extender la reflexión y el debate al resto de la comunidad educativa del país (padres, profesores y alumnos), por lo que pretende discutir el asunto con estos colectivos en el Consejo Escolar del Estado.
La propuesta del Ministerio no ha sido bien acogida por la Consejería de Educación, que ya tenía su plan en marcha -aunque sin grandes avances- para acordar su propia regulación sobre el uso del móvil. La Comunidad, que recuerda que el Estado no tiene competencias, anunció hace un mes su plan para formar un grupo de expertos «que trabajen en busca de un marco normativo, reglamentario y preventivo que ofrezca garantías». El equipo estará integrado por directores de centros educativos, docentes especializados, familias, pedagogos, psicólogos, Fiscalía y Magistratura, cuerpos de seguridad del Estado, informáticos y sector tecnológico, que mantendrán contacto periódico y permanente y regularán «un compendio normativo, reglamentario y preventivo actualizado en todo momento», aseguran fuentes de la Consejería de Educación.
La Consejería de Educación no se plantea de momento la prohibición taxativa de la utilización de los teléfonos para uso personal y recreativo en los colegios e institutos, tal y como sí han hecho otras comunidades como Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid, y ultiman Cataluña y Valencia. Pero sí quiere reorganizar la utilización de todas las herramientas digitales en el ámbito educativo y, para ello, tiene prevista la creación de un grupo de expertos «que trabajen en busca de un marco normativo, reglamentario y preventivo que ofrezca garantías».
Tres autonomías ya tienen prohibido el uso de los móviles en los centros escolares. Son Castilla-La Mancha y Galicia, desde 2014, y Madrid, desde 2020. En la actualidad se abierto el debate en Cataluña, donde la Generalitat prepara directrices para guiar a los colegios e institutos. En la Región se mantiene de momento la regulación de 2016, que establece que las normas de comportamiento sobre la autorización para usar móviles deben quedar incluidas en el reglamento de régimen interno de cada centro, que redactan los equipos directivos, los claustros y el consejo escolar. Con todo, la orden de convivencia sí establece sanciones que castigan el uso inadecuado y sin autorización de los móviles, que pueden ir desde la retirada del dispositivo a la expulsión del centro.
Los institutos disponen pues de margen para acotar la utilización recreativa del teléfono móvil en el instituto y, mientras algunos permiten a los estudiantes que los activen en el recreo, cada vez son más los que lo han prohibido de manera taxativa. Es el caso del IES Alfonso X de Murcia, donde los alumnos no pueden encender sus teléfonos tampoco en el recreo. Los estudiantes más pequeños, de primero y segundo de la ESO, ni siquiera utilizan el móvil para tareas escolares en clase, y el uso personal y recreativo está prohibido y sancionado para todos. Si los alumnos emplean el dispositivo de forma indebida, se les retira y deben recogerlo en el centro sus padres.
En otros centros, como el Sanje de Alcantarilla y el Ramón y Cajal, permiten la utilización en el recreo y adoptan medidas pedagógicas, como el depósito voluntario de los dispositivos en una caja durante las clases. El reglamento regional de convivencia sí establece sanciones para penalizar el mal uso de los móviles, que oscilan entre la retirada del teléfono cuando se utiliza sin permiso, que es una falta leve; hasta la expulsión en el caso de que se utilice para grabar y humillar a compañeros y docentes.
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Enlace de origen : La Consejería no restringirá el uso del móvil en los centros educativos hasta que lo valore con sus expertos
