Uno de los afectados por la presunta estafa en Águilas: «Iba a ser mi residencia habitual, por eso hice hasta un segundo pago»

Y es que, «desde un primer momento, nos dijeron que iban a tener las licencias y que empezarían las obras de inmediato, pero la realidad era otra, porque luego vimos que esta gente no les había pagado ni el solar a los dueños», aclara. Y «menos mal que nuestro abogado Domingo López, cuando empezó a asesorarnos, nos alertó de la realidad que había detrás de la empresa», caracterizada por la opacidad y hasta se apunta la existencia de elevadas deudas con Hacienda. Incluso, tras las primeras investigaciones aparecen indicios de falsificación de documentos.

Ante la decepción sufrida por José María, no le ha quedado otra en este momento que seguir viviendo con sus padres en la casa familiar en la que residen en el campo de Águilas.

Hay que advertir de que, en su caso, hizo reserva para un piso de 60 metros cuadrados, con salón y cocina ‘office’, dos dormitorios y dos baños, además de una terraza de 30 metros, que salía por un precio de 132.000 euros. «Es que todo parecía serio, nos informaban por correo electrónico de forma habitual, nos enviaron vídeos con los planos. Yo mismo estuve en la oficina de Aguadulce para formalizar todo y nada te hacía pensar en lo que sucedería después», lamenta José María.

Entre los afectados, hay también otros vecinos de Águilas, pero también de Lorca y de otros lugares de la Región de Murcia, y de diferentes provincias, como Madrid, que tienen un vínculo especial con el municipio.

Más de 800 viviendas ofertadas

José María Grima es solo uno más de decenas de afectados por esta presunta estafa inmobiliaria que esta empresa andaluza, Grupo 21, habría cometido no solo en el municipio murciano, sino también en otras zonas de la costa de Granada y Almería. La compañía ofertaba unas 800 viviendas que no solo no se habían construido, sino que la firma no era dueña tampoco del suelo donde supuestamente se iban a levantar las edificaciones. En Águilas se ofertaban los complejos Mediterránea, de 47 casas, que se ubicaba en un solar entre las calles Francisco de Quevedo y Tomás Bretón, de Águilas, con viviendas con 1, 2 y 3 dormitorios, que decía incluir piscina, jardín interior, zonas comunes y garajes, en lo que resaltaban como «una zona privilegiada a pocos metros de la playa». También estaba proyectado Atalaya de las Lomas, con 46 viviendas, en la calle Pizarro, donde también se ofertaba piscina y jardines. «La mayoría de los compradores abonaron inicialmente una media de 12.000 euros, aunque muchos llegaron a efectuar nuevos pagos», tal como destaca el abogado lorquino Domingo López.

a Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre los hechos, mientras los afectados están conformando plataformas para defender su intereses y plantear las demandas ante los tribunales. Desde la firma El Defensor de tu Vivienda, especializada en la defensa de los consumidores afectados por fraudes urbanísticos, que lleva a algunos de los afectados, aunque mayoritariamente el territorio almeriense, sostienen que la solución «pasa por reclamar a las entidades bancarias donde los compradores hicieron sus aportaciones», ya que considera que «la Disposición Adicional Primera de la LOE, regula el deber de vigilancia que tienen los bancos sobre los promotores».