La ‘rave’ de Fuente Álamo acabará teniendo su vertiente judicial. La Fiscalía ha incoado diligencias tras recibir una denuncia firmada por el vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región, José Ángel Antelo, con motivo de la fiesta ilegal que se celebró desde el 31 de diciembre hasta el 5 de enero en el circuito de Fuente Álamo. La denuncia, según explicó el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, en el transcurso de un acto, llegó a manos del Ministerio Público este mismo lunes y va dirigida contra la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Fuente Álamo y un diputado regional de Podemos.
El escrito, que apunta a la comisión de un presunto delito del deber de perseguir delitos y de otro contra el medio ambiente, ya está en manos de la fiscal encargada. Esta representante del Ministerio Público, explicó Díaz Manzanera, deberá decidir ahora si archiva la denuncia o sigue adelante con la investigación practicando algunas diligencias. «Puede ser que se incoe y se archive de plano, en el mismo momento, si se aprecia que no hay indicios de delito», explicó. «Si hay algún indicio lo normal es que practiquemos alguna diligencia y ya con el resultado adoptar alguna decisión».
El pasado 5 de enero Antelo presentó dos requerimientos para la suspensión de la ‘rave’ ilegal en Fuente Álamo que, según los datos que maneja la Comunidad, llegó a congregar a más de 8.000 personas. En ambos requerimientos, uno destinado a la Delegación del Gobierno y otro al Ayuntamiento de la localidad, el vicepresidente solicitaba que se procediese a acordar la suspensión de las actividades que se estaban desarrollando conforme a la Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región. «Hemos solicitado en dos requerimientos que se aplique la ley de una vez por todas», explicaba el vicepresidente. «No puede ser que en una parte de la Región no se aplique la ley».
La delegada del Gobierno, María Dolores Guevara, ya había explicado que, por motivos de seguridad, el desalojo de la macrofiesta solo se realizaría si sus asistentes excedían la duración prevista –el 6 de enero, fecha que cumplieron–. «Desalojar a tal cantidad de vehículos y de personas va a generar un conflicto aún mayor», recalcó. «Por lo tanto, lo que se decidió por parte de los profesionales de la Guardia Civil y Policía Local era evitar su expansión y hacer un control. Un desalojo de tal dimensión es algo inviable por el gran conflicto que eso podría provocar».
El fiscal jefe de la Región, José Luis Díaz Manzanera, comunica al jefe interino de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Diego Mercader, la recepción de la denuncia por la ‘rave’ de Fuente Álamo.
Nacho García / AGM
Con su llegada, la plantilla de la Fiscalía regional ya suma 76 profesionales –69 de ellos con plaza fija–, una cifra que se encuentra más cerca de los 80 fiscales a los que aspira Díaz Manzanera pueda acercarse pronto el equipo para equipararse a la media nacional.
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