La lacra de la violencia de género siguió golpeando en 2023 aún con más dureza. Un nuevo repunte de los casos de malos tratos ha vuelto a colocar a la Región como la segunda comunidad más afectada por esta violencia. Las denuncias por violencia machista continuaron, el pasado año, su escalada ascendente con un nuevo repunte en la comunidad, de hasta un 12,6%, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los juzgados recibieron, en esos doce meses, hasta 8.898 denuncias de mujeres que aseguraban haber sufrido malos tratos por parte de su pareja o expareja. La cifra supone una media de 24 denuncias diarias.
Con estos datos, la Región volvió a situarse como la segunda comunidad más afectada por el maltrato a las mujeres. Registró 114,5 casos de violencia de género por cada 10.000 féminas, la segunda mayor tasa de todo el territorio nacional, solo superada por Baleares (124,8). Los números que se barajan en la Comunidad se encuentran muy alejados de otros puntos del país, como Castilla y León y Galicia, con una tasa de 52,5 y 53,1 casos de violencia de género por cada 10.000 mujeres, respectivamente. La media nacional es de 79,4.
Un ascenso imparable
A nivel nacional, 2023 dejó también un nuevo aumento de la violencia machista, aunque el repunte fue algo menos acentuado que en la Comunidad. Los juzgados españoles recibieron la friolera de 199.282 denuncias por violencia de género, un 9,46% más que en 2022. Este nuevo incremento viene a afianzar una tendencia que se va apreciando de forma continuada desde 2013, con la única salvedad del año 2020, en el que la situación de las víctimas de la violencia machista estuvo condicionada por la crisis sanitaria de la covid.
De acuerdo a los datos que maneja el Poder Judicial, en estos doce meses el número de menores de edad que afrontan esta violencia en la Región aumentó levemente. Fueron medio centenar, frente a las 42 del ejercicio anterior. Se incrementó, eso sí, hasta un 55,6% el número de víctimas menores españolas. Del total de mujeres víctimas, un 36% eran extranjeras. Una distribución que, salvo pequeñas oscilaciones, se mantiene estable desde hace años.
Los datos que el Poder Judicial pone encima de la mesa revelan, además, una leve rebaja en la cifra de las mujeres que renuncian a declarar pese a la reforma legal que entró en vigor hace más de un año. Si en 2022 se acogieron a la dispensa de no declarar contra su agresor 533 mujeres, el pasado año la cifra fue de 456, un 14,4% menos. Apenas supone, además, un 5,1% del total de denuncias, un número cada vez menor.
La dispensa legal que permite que una mujer no declare contra su marido o pareja, de hecho, ya no es total. Si la víctima acepta declarar una primera vez, ante la Policía o ante el juez, después de haber sido perfectamente informada de sus derechos, ya no podrá invocar la dispensa ‘a posteriori’. Ya no podrá echarse atrás. El cambio buscaba evitar que las presiones del agresor, la familia o su entorno terminen por invalidar su testimonio, que en muchas ocasiones es el que puede provocar la condena del maltratador o, en su defecto, precipitar la absolución.
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Más de 2.100 enjuiciados
Hasta 2.172 personas fueron enjuiciadas el pasado año por presunta violencia de género, un 29,2% más que un año antes. El 97,3% de las sentencias fueron condenatorias, según especifican los datos del Poder Judicial. Este porcentaje es en la Comunidad bastante más elevado que a nivel nacional, donde roza el 81%.
Los jueces suspenden el régimen de visitas a 332 sospechosos
Los tribunales cada vez aplican más a rajatabla la máxima de que un maltratador no puede ser un buen padre, con lo que suspenden de inmediato el régimen de visitas de los hijos. Los tribunales acordaron a lo largo del pasado año miles de suspensiones del régimen de visitas de los hijos a padres maltratadores. La medida se tomó en 4.026 casos, una cifra similar a los 4.111 registrados en el ejercicio anterior. En el caso de Murcia, en 2023 los jueces acordaron 332 suspensiones de visitas a maltratadores.
El número se debe a la aplicación generalizada de la reforma legal que entró en vigor hace unos años y que indicaba que si hay indicios de violencia de género conocidos o también sufridos por los menores se debe cortar de inmediato el contacto del agresor con los niños, suspendiendo el régimen de visitas, si lo hubiese, durante el transcurso de la investigación y retirándole la patria potestad en caso de condena.
De hecho, las estadísticas oficiales también resaltan que los jueces, en estas mismas órdenes de protección, han suspendido de forma provisional la guarda y custodia del sospechoso sobre sus hijos en otras 144 ocasiones en la Región. En otros 56 casos la suspensión afectó a la patria potestad.
Un año más, siete de cada diez denuncias (70,93%) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría. Una cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,82% del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,89%; las originadas por partes de lesiones, el 7,94% y las presentadas por terceras personas, el 3,43%, conforme a la estadística que maneja el Poder Judicial.
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Enlace de origen : Otro repunte de las denuncias sitúa la Región de Murcia como la segunda comunidad con mayor tasa de maltrato
